NÚMERO 198
Viernes 14 de octubre de 2022

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víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo
en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección
o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de
trabajo propio de su Cuerpo.
Este derecho deberá ejercerse a las plazas vacantes existentes en la localidad o localidades que la interesada expresamente solicite, debiendo las solicitantes afectadas
reunir los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos solicitados.
16.2. Las funcionarias que ejerzan este derecho tendrán prioridad sobre el resto de participantes en la convocatoria realizada mediante la presente resolución. En todo caso se
garantizará la confidencialidad de los datos de la participante y de la adjudicación.
16.3. Las interesadas deberán presentar escrito de solicitud indicando la localidad o localidades de su preferencia.
A la solicitud se acompañará, como documentación acreditativa de la situación de violencia
de género, sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección
o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o
bien un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. Podrán acreditarse también las situaciones de violencia
de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los
servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género o por cualquier otro título,
siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos tal y como prevé la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Decimoséptima. Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General de Personal Docente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 102
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o bien en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en los
artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, o el
correspondiente a la circunscripción del domicilio de la parte demandante, a elección de ésta,