NÚMERO 53
Jueves, 18 de marzo de 2021

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vertieran su energía a un mismo transformador, con tensión de salida igual a la de la red de
distribución o transporte a la que han de conectarse. Si varias instalaciones de producción utilizasen las mismas instalaciones de evacuación, la referencia anterior se entendería respecto
al transformador anterior al que sea común para varias instalaciones de producción. En caso
de no existir un transformador anterior, para las instalaciones solares fotovoltaicas, se consideraba la suma de potencias de los inversores trabajando en paralelo para un mismo titular y
que vertieran su energía en dicho transformador común.
Pues bien, aplicando el mencionado criterio, la “San Serván 2020”, así como las restantes
instalaciones que se citan en la alegación de Ecologistas en Acción, se concluye que, cada una
de ellas, individualmente, hubieran sido consideradas una única instalación solar fotovoltaica.
Por otra parte, cuando la asociación se refiere a un supuesto incumplimiento grave de la Ley
del Sector Eléctrico, parece indicar que con la presentación de varios proyectos en entornos
cercanos, por uno o varios promotores, se incurre en fraude de ley. A este respecto, se considera que el fraude de ley se produce cuando hay una intención positiva, es decir, la claridad
absoluta de que quien utiliza esta práctica lo hace con la clara intención de eludir o evadir las
exigencias de la ley. Pues bien, en este caso no se aprecia fraude de ley por los argumentos
que se esgrimen a continuación.
En cuanto a la tramitación sustantiva, el fraude de ley sólo se justificaría cuando el promotor
obtiene un beneficio artificial al tramitarlos separadamente. Pero hay que recalcar que no hay
norma que lo impida, y que no se obtiene ninguna ventaja para los promotores. El hecho de
que un proyecto sea tramitado ante la Administración autonómica no presenta a priori ventajas o inconvenientes frente a su tramitación a nivel nacional. De hecho, la legislación sustantiva que se aplica de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la tramitación administrativa
de este tipo de proyectos es precisamente la estatal, que actúa como supletoria, al no existir
actualmente normativa autonómica de aplicación.
Criterios como la flexibilidad y la diversificación pueden alentar a un promotor a dividir un
proyecto en varios. La tramitación por separado permite una mejor y más amplia búsqueda de
suelo; le permite diversificar, si se desea, o si se produce un cambio abrupto de mercado, los
constructores de las plantas y los suministradores de módulos y demás componentes. Puede
elegir un destino distinto para cada uno de ellos, pudiendo quedarse alguno (o algunos) y, en
cambio, vender otros, algo muy habitual, si le resulta necesario o conveniente, así como elegir
regímenes de venta de la electricidad diferentes, para cubrirse de modo parcial ante eventuales vaivenes del precio del mercado mayorista de electricidad. En definitiva, plantear varios
proyectos en lugar de uno, implica mayores costes, pero a cambio se diversifican riesgos y se
alcanza una mayor flexibilidad.