BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 5 de junio de 2025

Sec. III. Pág. 73793

pero no puede afectar a los actos de disposición forzosa ordenados por la autoridad
judicial, pues sería contrario al principio de responsabilidad patrimonial universal de los
bienes del deudor.
Este criterio se recogió legalmente en el artículo 15 «in fine» de la Ley 28/1998,
de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles que dispone: «El que remate bienes
sujetos a prohibición de disponer inscrita en el Registro en los términos de esta Ley los
adquirirá con subsistencia de la obligación de pago garantizada con dicha prohibición, de
la que responderá solidariamente con el primitivo deudor hasta su vencimiento».
Esta doctrina dictada en relación a prohibiciones de origen contractual, voluntario o
en procedimientos de índole civil, se consideró aplicable también a las prohibiciones de
disponer ordenadas penal o administrativamente, de manera que se admitía anotación
del embargo posterior, pero el adjudicatario quedaba sujeto a la prohibición de disponer
penal o administrativa, de manera que esta no queda perjudicada.
Así las Resoluciones citadas en la de 17 de diciembre de 2024 (entre ellas las de 31
de enero de 2012 y 28 de octubre de 2015) admitieron practicar anotación del embargo
presentado cuando ya consta anotada una anotación de prohibición de disponer
ordenada en causa penal o por la Agencia Tributaria, ex artículo 170.6 de la Ley General
Tributaria. Estas Resoluciones permitieron la práctica de la anotación ya que el asiento
solicitado, consistente en una anotación de embargo, no deja de ser una medida cautelar
de garantía de satisfacción de una deuda, cuya realización no se ha verificado aún y que
por ello no ha supuesto acto dispositivo alguno, y cuya constancia evita la aparición de
terceros en el Registro que pudieran perjudicar al acreedor embargante, pero sin que el
titular de la anotación preventiva de prohibición de disponer quede perjudicado, de modo
que de producirse la ejecución del embargo, la anotación de prohibición de disponer no
deberá cancelarse por tratarse de una carga anterior, (cfr. artículo 15 de la Ley 28/1998,
de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles).
Sin embargo, este criterio habría que adecuarse a la ya citada doctrina de este
Centro Directivo más reciente, que diferencia las anotaciones preventivas penales y
administrativas de las civiles o voluntarias, considerando que, aun pudiendo practicarse
la anotación del embargo –factor común a todas ellas–, no cabría inscribir la adjudicación
derivada del mismo, mientras no se levante la prohibición, si se trata de prohibiciones
penales o administrativas en las que prevalece el componente de orden público, siendo
aquí el cierre total. Esto es así dada la preeminencia del orden jurisdiccional penal sobre
el civil (véase artículos 10 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Sentencia del
Tribunal Supremo número 568/2022, de 15 de febrero, fundamento de Derecho tercero),
y en el caso de las prohibiciones administrativas por el citado interés público que las
justifica, mientras no se dilucide en el ámbito administrativo la preferencia en su caso de
la ejecución civil.
6. Respecto a la inscripción de los actos dispositivos de fecha posterior al acceso
registral de la medida cautelar, pero basados en asientos anteriores a la misma, procede
realizar también esa doble diferenciación, atendiendo a la doctrina establecida por este
Centro Directivo en las recientes Resoluciones de 3 de octubre y 17 de diciembre
de 2024.
En primer lugar, hemos de retomar, como ya se ha indicado, la distinción entre las
prohibiciones de disponer de naturaleza penal o administrativa, que se contraponen a
aquellas establecidas con carácter voluntario por el titular registral, o bien en una
resolución dimanante de un procedimiento judicial civil. En las primeras confluye un
evidente componente de orden público, pues mediante ellas se pretende garantizar el
cumplimiento de intereses públicos o evitar la defraudación del resultado de la sentencia
penal o las responsabilidades que de ella puedan derivar. En estos pasos, el principio de
prioridad establecido en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria se antepone a la
interpretación más laxa del artículo 145 del Reglamento Hipotecario. Por ello, se produce
así el cierre registral incluso cuando se trata de actos anteriores a la prohibición, sin que
pueda argüirse que, en el momento de otorgar el acto en cuestión, el titular aún contaba
con la correspondiente facultad de disposición, pues como ya señaló la Resolución de 21

cve: BOE-A-2025-11273
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