Ministerio de Igualdad. III. Otras disposiciones. Ayudas. (BOE-A-2025-8785)
Resolución de 29 de abril de 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 22 de abril de 2025, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2025 de los créditos presupuestarios destinados al desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y se formalizan los compromisos financieros resultantes.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 2 de mayo de 2025
Sec. III. Pág. 59785
En concreto, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo
de 2011, ratificado por España en 2014, obliga a los Estados Parte a adoptar las
medidas que sean necesarias para prevenir y dar respuesta a la violencia contra las
mujeres; insta a que las medidas que se tomen impliquen a todos los actores pertinentes
como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales,
regionales y locales; y promueve la dedicación de recursos financieros y humanos
adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas
dirigidos a la consecución de los fines del convenio. Asimismo, el Convenio del Consejo
de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio núm. 197 del
Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, ratificado por España
en 2008, insta a los Estados Parte a la adopción de medidas dirigidas a la prevención de
la trata y la asistencia a las víctimas.
En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la
elaboración de estrategias contra la violencia de género. Ambos integraron el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género (en adelante, Pacto de Estado), cuya aprobación
culminó en diciembre de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto
de Administraciones Autonómicas y Locales. El Pacto de Estado, además de medidas
genéricas dirigidas a todas las Administraciones Públicas, incluía en su Eje 7
recomendaciones específicas para las comunidades autónomas, que se acompañaron
para su realización con el compromiso económico previsto en su Eje 9, en la
medida 278. Esta establecía un fondo finalista para la ejecución de las medidas del
Pacto de Estado destinado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
que se ha venido reflejando anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
Posteriormente, el 22 de julio de 2022, la Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó el
acuerdo relativo al establecimiento de un marco de actuación conjunta para garantizar la
estabilidad y permanencia de las políticas públicas y los servicios que se derivan del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este acuerdo tiene como finalidad
consolidar el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado,
avanzando en la institucionalización y la permanencia de los compromisos adquiridos en
el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fueron actualizados
el 25 de noviembre de 2021 por la mayoría de los partidos políticos con representación
parlamentaria.
Este marco de cooperación se articula a través de un Plan Conjunto Plurianual en
materia de violencia contra las mujeres (2023-2027), aprobado mediante Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de 3 de marzo de 2023, e incluye un
Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las
mujeres, así como un Sistema común de Información y Evaluación (SIE).
Durante el ejercicio 2023, dada la puesta en marcha de este nuevo marco de
actuación, actualmente en vigor, junto con las medidas recogidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género aprobado en 2017, se incrementó el presupuesto para las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla destinado a este fin hasta un
total de 140.202.020 euros, según el crédito aprobado en la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En el ejercicio presupuestario 2025, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de diciembre de 2023, por el que se establecían los criterios de aplicación de la
prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2023 y,
posteriormente, prorrogados para 2025, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de diciembre de 2024, por el que se establecían los criterios de aplicación de la
prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2024, el
crédito disponible se mantiene en 140.202.020 euros. No obstante, en la propuesta reflejada
en las fichas remitidas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
de 2025 se contemplaba un incremento de 19.797.980,00 euros para este ejercicio.
cve: BOE-A-2025-8785
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 106
Viernes 2 de mayo de 2025
Sec. III. Pág. 59785
En concreto, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo
de 2011, ratificado por España en 2014, obliga a los Estados Parte a adoptar las
medidas que sean necesarias para prevenir y dar respuesta a la violencia contra las
mujeres; insta a que las medidas que se tomen impliquen a todos los actores pertinentes
como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales,
regionales y locales; y promueve la dedicación de recursos financieros y humanos
adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas
dirigidos a la consecución de los fines del convenio. Asimismo, el Convenio del Consejo
de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio núm. 197 del
Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, ratificado por España
en 2008, insta a los Estados Parte a la adopción de medidas dirigidas a la prevención de
la trata y la asistencia a las víctimas.
En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la
elaboración de estrategias contra la violencia de género. Ambos integraron el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género (en adelante, Pacto de Estado), cuya aprobación
culminó en diciembre de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto
de Administraciones Autonómicas y Locales. El Pacto de Estado, además de medidas
genéricas dirigidas a todas las Administraciones Públicas, incluía en su Eje 7
recomendaciones específicas para las comunidades autónomas, que se acompañaron
para su realización con el compromiso económico previsto en su Eje 9, en la
medida 278. Esta establecía un fondo finalista para la ejecución de las medidas del
Pacto de Estado destinado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
que se ha venido reflejando anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
Posteriormente, el 22 de julio de 2022, la Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó el
acuerdo relativo al establecimiento de un marco de actuación conjunta para garantizar la
estabilidad y permanencia de las políticas públicas y los servicios que se derivan del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este acuerdo tiene como finalidad
consolidar el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado,
avanzando en la institucionalización y la permanencia de los compromisos adquiridos en
el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fueron actualizados
el 25 de noviembre de 2021 por la mayoría de los partidos políticos con representación
parlamentaria.
Este marco de cooperación se articula a través de un Plan Conjunto Plurianual en
materia de violencia contra las mujeres (2023-2027), aprobado mediante Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de 3 de marzo de 2023, e incluye un
Catálogo de referencia de políticas y servicios en materia de violencia contra las
mujeres, así como un Sistema común de Información y Evaluación (SIE).
Durante el ejercicio 2023, dada la puesta en marcha de este nuevo marco de
actuación, actualmente en vigor, junto con las medidas recogidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género aprobado en 2017, se incrementó el presupuesto para las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla destinado a este fin hasta un
total de 140.202.020 euros, según el crédito aprobado en la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En el ejercicio presupuestario 2025, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de diciembre de 2023, por el que se establecían los criterios de aplicación de la
prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2023 y,
posteriormente, prorrogados para 2025, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de diciembre de 2024, por el que se establecían los criterios de aplicación de la
prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2024, el
crédito disponible se mantiene en 140.202.020 euros. No obstante, en la propuesta reflejada
en las fichas remitidas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
de 2025 se contemplaba un incremento de 19.797.980,00 euros para este ejercicio.
cve: BOE-A-2025-8785
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 106
