BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86

Miércoles 9 de abril de 2025

Sec. I. Pág. 48937

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES
Orden PJC/337/2025, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden
PJC/439/2024, de 10 de mayo, por la que se crean y regulan Juntas de
Contratación y Mesas de Contratación en el Ministerio de la Presidencia,
Justicia y Relaciones con las Cortes.

La composición y el régimen de funcionamiento de las Juntas de Contratación y
Mesas de Contratación en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes han sido inicialmente regulados mediante la Orden PJC/439/2024, de 10 de
mayo, por la que se crean y regulan Juntas de Contratación y Mesas de Contratación en
el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Entre esos órganos, se encuentra la Mesa de Contratación de la Abogacía General
del Estado para las contrataciones que sean precisas para la defensa de los intereses
del Reino de España en los arbitrajes internacionales referidos a materias relacionadas
con las energías renovables, la eficiencia energética y la transición ecológica, así como
en los procedimientos judiciales o extrajudiciales en el extranjero vinculados a este tipo
de materias. Dicha Mesa tiene como función asistir a los órganos de contratación de la
Abogacía General del Estado que ejercen esa función en virtud de las competencias
delegadas por la Orden TED/430/2023, de 27 de abril, por la que se delega y aprueba la
delegación de competencias en la Abogacía General del Estado, de la gestión
administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones
que sean precisos para la defensa de los intereses del Reino de España en los arbitrajes
internacionales referidos a materias relacionadas con las energías renovables, la
eficiencia energética y la transición ecológica, así como en los procedimientos judiciales
o extrajudiciales en el extranjero vinculados a este tipo de materias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 102 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de
medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de
Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de
vulnerabilidad.
No obstante, con arreglo al artículo 9 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, la intervención de la Abogacía
General del Estado en defensa de los intereses del Reino de España no se ciñe
únicamente a las materias indicadas dicha orden; ya que puede tener lugar en cualquier
procedimiento judicial o extrajudicial en el extranjero.
Por ello, resulta conveniente ampliar el ámbito de actuación de la Mesa de
Contratación de la Abogacía General del Estado, eliminando la restricción a que
actualmente limita su competencia a las materias relacionadas las energías renovables,
la eficiencia energética y la transición ecológica, siempre que exista una competencia
específica delegada en la Abogacía General del Estado.
Del mismo modo, se considera necesario introducir una referencia a la previa
transferencia del crédito necesario para hacer frente a las contrataciones mencionadas,
así como a otros gastos que se puedan derivar de la actuación de la Abogacía General
del Estado en cada uno de los arbitrajes.
En este sentido, esta orden, haciendo uso de la habilitación legal prevista en el
artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, modifica la
Orden PJC/439/2024, de 10 de mayo.

cve: BOE-A-2025-7095
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