BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81

Jueves 3 de abril de 2025

Sec. III. Pág. 46007

lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 205/2024, de 27 de febrero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
Segundo.
Que de conformidad con el artículo 37.1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, las Fuerzas Armadas participan en el Sistema Nacional de
Protección Civil, que asegura la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas
públicas de protección civil que, como instrumento de la política de seguridad pública, es
el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta
adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas
naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.
Tercero.
Que el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional, asigna a las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las
administraciones públicas, el deber de preservar la seguridad y bienestar de los
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe y calamidad, así como cuando
se presenten otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación
vigente.

Que los cabildos insulares son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
(artículo 65.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias) y constituyen órganos de gobierno, representación y
administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de sus intereses y el
ejercicio de sus competencias propias, de acuerdo con la Constitución Española, el
Estatuto y las leyes (artículo 65.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre).
Que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los cabildos insulares canarios, como órganos de gobierno,
administración y representación de cada isla, también se rigen por las normas
contenidas en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y
supletoriamente por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las
diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
Que de acuerdo con el artículo 70.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, los
cabildos insulares, como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercerán
funciones ejecutivas de carácter insular en el marco y dentro de los límites de la legislación
aplicable, en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos y protección del medio
ambiente. Competencias asimismo recogidas en el artículo 6.2.l) y m) de la Ley
autonómica 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.
Y que, de acuerdo con el artículo 2.j) del Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de
traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a los cabildos insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y
pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales
protegidos, le corresponde al cabildo insular la competencia en materia de prevención y
lucha contra incendios forestales.
Quinto.
Que para que las Fuerzas Armadas colaboren con el Cabildo Insular de Tenerife, con
fines de prevención de incendios forestales, resulta necesaria la elaboración de un
documento específico que refleje los compromisos contraídos por ambas partes, tanto en
lo referente a los aspectos operativos como a los financieros.

cve: BOE-A-2025-6760
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Cuarto.