Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. I. Disposiciones generales. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2025-5046)
Acta de la XV Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana de Cooperación, hecha en Cuenca el 14 de noviembre de 2024.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 14 de marzo de 2025

Sec. I. Pág. 34314

mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes,
personas con discapacidad, población migrante y personas solicitantes de asilo y
refugiadas(36).
Respecto a la situación del colectivo LGBTIQ+, a pesar de los avances legislativos
(incluido el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo desde 2019 y el
Plan de Acción de Diversidades LGBTI 2022-2025), persisten situaciones de
discriminación, estigmatización, amenaza y violencia(37). La falta de datos desagregados
es un problema destacado, y aunque existe un subregistro significativo, sólo en 2022 se
registraron 25 homicidios de miembros de este colectivo, un 86 % más que el año
anterior(38).
En cuanto al sector educativo también se ha visto afectado en los últimos años por el
cambio en la modalidad de aprendizaje de presencial a virtual; esto afectó a la mitad de
los hogares ecuatorianos (MINEDUC, 2020)(39). Se estima que 6 de cada 10 estudiantes
aprendieron menos, ya que solo 2 de cada 10 contaban con algún tipo de dispositivo
electrónico de uso personal (MINEDUC, 2020). El abandono escolar también aumentó
por las brechas de conectividad y competencias digitales existentes en los medios
rurales, lo cual condujo a la pérdida de 2 cursos escolares completos para aquellos sin
conectividad, y a que 195.188 NNA de entre 5 y 17 años abandonaran sus centros
escolares en 2022(40).
Las condiciones de la vivienda son otro de los factores de vulnerabilidad de la
población ecuatoriana, Según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI), en 2021 el país enfrentó un déficit habitacional del 57 %. Esto implica que, de
los 4,2 millones de viviendas existentes en Ecuador, 2,4 millones se encontraban en
situación de déficit. De este déficit, un 75,8 % es cualitativo, lo que se refiere a viviendas
de baja calidad o sin acceso a servicios básicos, aunque estas podrían ser mejoradas. El
restante 24,2 % corresponde a un déficit cuantitativo, que significa que estas viviendas
son irrecuperables y necesitan ser reemplazadas por nuevas construcciones. Según el
MIDUVI, el escaso acceso a una vivienda adecuada se debe a la baja capacidad
adquisitiva que tienen grandes sectores de la población y su dificultad para acceder a
mecanismos de crédito formales.
El acceso al agua potable y saneamiento en Ecuador ha mejorado notablemente en
los últimos años, con un aumento del acceso al agua potable a través de la red pública
al 84,2 % en 2022, comparado con el 72 % en 2010. El alcantarillado también ha
experimentado un incremento significativo, alcanzando el 65,8 % en 2022, frente
al 53,6 % en el censo anterior(41). Sin embargo, seis de cada 10 niños en zonas rurales
aún no tienen acceso a agua segura y saneamiento, y el 25 % de los hogares rurales
carecen de agua potable, según ONU Ecuador(42). La calidad del agua es crucial, y según
la ENDI, el 36,7 % de menores de 5 años consume agua contaminada con E. Coli.
El 32 % de los hogares consumen agua de botellón y de estos el 34,2 % recibe agua con
E. Coli. El 54,6 % de los hogares a nivel nacional tiene ausencia de cloro en el agua para
beber.
En diciembre de 2023, Ecuador albergaba a 474.945 personas refugiadas, migrantes
y solicitantes de asilo venezolanas, siendo el tercer país receptor de esta población en el
mundo(43) y cuenta igualmente con alta migración de personas colombianas. La mayoría
de esta población está concentrada en las provincias de Pichincha y Guayas, siendo el
tamaño promedio de las familias 3,6 personas para las colombianas y 3,9 personas para
las venezolanas(44). Las poblaciones colombianas se ubican principalmente en zonas
fronterizas y las venezolanas se concentran en áreas urbanas como Quito y ciudades
costeras como Guayaquil.
La población refugiada y migrante es mayormente joven, con un 40 % menor de 18
años, y las mujeres y niñas constituyen el 55 % de la población total. Esta población
enfrenta vulnerabilidades como la violencia basada en género, discriminación y
xenofobia(45), lo que ha llevado a iniciativas de regularización e integración para proteger
sus derechos y fomentar su inclusión en la economía ecuatoriana (como el decreto

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