BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 3 de marzo de 2025

Sec. V-B. Pág. 11723

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que incorpora el
Estudio de Seguridad y Salud, exigido por el Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción, que incorpora también el Estudio
de Gestión de Residuos para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, y por último que se han realizado las comprobaciones
aritméticas correspondientes, sin haberse encontrado error en las mismas.
La Dirección General de Medio Natural. Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, informó, en junio de
2021 que la actuación no tendría efectos negativos significativos sobre la Red
Natura 2000 ni sobre los hábitats allí presentes y que no se preveía una alteración
apreciable de la realidad física o biológica de la zona, siempre y cuando se
cumplan las medidas y condiciones ambientales establecidas.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el análisis de las
características del proyecto practicado según el Título I, artículos 6 y 7 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, con fecha 16 de octubre de
2024, el Director de la MCT concluye que dicho proyecto no está incluido en el
ámbito de aplicación de la citada Ley, no siendo previsible que las obras
contempladas en la actuación, cumpliendo los requisitos ambientales que se
desprenden de la Resolución, vayan a producir impactos adversos significativos.
Con fecha 8 de noviembre de 2024, el Director de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, declaró la aprobación técnica inicial del PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA TENTEGORRA-ALUMBRES. FASE 1 (MU/
CARTAGENA), ordenando la incoación del expediente de información pública de la
relación de bienes y derechos afectados por el citado proyecto.
El trámite de información pública, se llevó a cabo de conformidad con los
requerimientos legales y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de
16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y los artículos 17 y 18 del
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, así como con lo establecido en el artículo 83 de la ley 39/
2015, de 26 de noviembre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido el plazo de 15 días hábiles
del trámite de información pública, no se recibió ninguna alegación. El Jefe de la
Sección de Expropiaciones y Patrimonio de MCT, redactó informe de fin del trámite
de información pública el 7 de enero de 2025. El día 3 de febrero de 2025 se recibe
informe de la Abogacía del Estado sobre la conformidad a Derecho del
procedimiento de información pública llevado a cabo.
Asimismo, la actuación cuenta con la autorización previa del Secretario de
Estado de Medio Ambiente, de fecha 18 de febrero de 2025, contemplada en el
artículo 324 y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Con todo lo expuesto anteriormente, dado que el proyecto de referencia
cumple con la normativa vigente en la materia, y en virtud de las facultades que me
atribuye la legislación vigente:

cve: BOE-B-2025-7728
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 53