BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22

Sábado 25 de enero de 2025

Sec. III. Pág. 11167

actuando en nombre y representación del INGESA, en virtud de las competencias que le
atribuye el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; en relación con el artículo 2 del Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero
de 2023, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática por el que se regula la organización y funcionamiento del INGESA; y con el
artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
EXPONEN
Primero.
El artículo 66.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, otorga al
Instituto Nacional de la Seguridad Social la gestión y administración de las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social.
En este sentido, el INSS, como Entidad Gestora de la Seguridad Social, encuadrada
en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene competencias para
gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal, conforme a lo dispuesto en
el artículo 1 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, que regula la estructura
orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y modifica
parcialmente las correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social.
A este respecto, el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, regula determinados
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los
Primeros trescientos sesenta y cinco días de duración, cualquiera que sea la
contingencia determinante, en los que se encuentren las personas trabajadoras incluidas
en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, por
desarrollar un trabajo o actividad por cuenta ajena o propia.
Asimismo, el INSS tiene otorgada, entre sus funciones, la determinación del carácter
común o profesional de la enfermedad que origina la situación de incapacidad temporal
de la persona trabajadora, así como la determinación de las entidades colaboradoras
responsables de las prestaciones que puedan resultar procedentes en materia de
incapacidades laborales, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1300/1995, de 21
de julio. A lo anterior cabe añadir la competencia que ostenta el INSS para la
determinación de contingencia en aplicación del procedimiento regulado en el artículo 4
del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre.

Corresponderá a los médicos del Servicio Público de Salud (SPS), con carácter
general, la expedición de los partes de baja, confirmación de la baja y de alta, que
determinarán la declaración de la baja médica en los procesos de incapacidad temporal,
así como su duración y extinción, conforme a lo regulado por el Real Decreto 625/2014,
de 18 de julio. Igualmente, en virtud de los procedimientos regulados en el real decreto
mencionado, la Inspección Médica del Servicio Público de Salud participará en la
responsabilidad de gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal junto a
las Entidades Gestoras y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Por otra parte, los médicos de atención primaria del SPS tienen la capacidad de
proponer la iniciación del procedimiento para la evaluación de incapacidad permanente
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio,
siendo preciso para ello contar con un profundo conocimiento en materia de
incapacidades laborales.
En consecuencia, los médicos del SPS, en el ejercicio de las funciones señaladas,
deben disponer de conocimientos científicos actualizados y herramientas de valoración
funcional adecuadas para la aplicación de criterios técnicos objetivos, avalados por la
comunidad científica en las diferentes materias.

cve: BOE-A-2025-1370
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Segundo.