BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18

Martes 21 de enero de 2025

Sec. I. Pág. 8327

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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Ley 7/2024, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de
diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento
Vasco ha aprobado la Ley 7/2024, de 19 de diciembre, de modificación de la
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

El pasado 28 de octubre de 2024, la península y Baleares sufrieron los efectos de la
peor DANA en lo que va de siglo. La intensidad de las lluvias, que en algunos puntos
llegaron a superar los 600 litros por metro cuadrado, provocó graves inundaciones en
multitud de municipios y carreteras, ocasionando graves daños personales, con un gran
número de fallecidos y desaparecidos, y también materiales, tanto en infraestructuras
como en bienes públicos y privados, que provocaron la interrupción de servicios
esenciales como el abastecimiento de agua, suministro electrónico y telefonía, así como
cortes en la red de carreteras y de ferrocarril.
Las zonas más afectadas han sido, en la provincia de Valencia, la zona de UtielRequena, l'Horta Sud, la Ribera Alta y Baja y la comarca de Los Serranos; en Albacete,
el municipio de Letur, en el que se ha producido una riada; en Cuenca, el municipio de
Mira; y en Andalucía, diversos puntos de las provincias de Málaga, Almería, Granada,
Sevilla, Huelva y Cádiz.
La magnitud de la emergencia ha sido tal que, en solidaridad con la Comunitat
Valenciana, se han sucedido los ofrecimientos y ayudas por parte de las comunidades
autónomas y organismos internacionales, además del importante gran número de
personas voluntarias que se han trasladado a las zonas afectadas desde todos los
rincones, para intentar paliar de manera inmediata las consecuencias de la DANA.
Sin embargo, a pesar de todas las actuaciones llevadas a cabo, la magnitud de la
catástrofe natural de la DANA va a requerir que se adopten muchas más medidas para
poder hacer frente a la grave perturbación de las condiciones de vida que están
sufriendo las poblaciones afectadas.
Medidas que deberán ir encaminadas tanto a ayudar a las víctimas de esta tragedia
como a la reconstrucción, reposición y reparación de las infraestructuras, servicios y
bienes tanto públicos como privados que hayan resultado dañados, para poder
recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad de las zonas afectadas.
En este sentido, una vez más, la economía social y, en concreto, el sector
cooperativo, con el objetivo de poner en práctica sus valores, como es el sentimiento de
comunidad y el compromiso con el entorno social en que se desenvuelve y con la
sociedad en general, demandan la necesidad de contar con una herramienta que les
permita, previo acuerdo adoptado democráticamente, destinar la contribución obligatoria
para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público (COFIP) a
cualquier actividad que redunde en ayudar a paliar los efectos producidos por este tipo
de catástrofes.
Conviene tener presente que una característica principal de la sociedad cooperativa
es el desarrollo de su actividad en una doble faceta que la diferencia del resto de
organizaciones empresariales. Por un lado, ha de operar en el mercado ajustándose
necesariamente al entramado empresarial, pero, por otro, debe encaminarse al logro de
fines diversos de los estrictamente empresariales, unos con proyección interna, como
son la función educativa de sus socios y la promoción de los intereses económicos y

cve: BOE-A-2025-939
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS