BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3

Viernes 3 de enero de 2025

Sec. III. Pág. 2427

acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 10 del Real Decreto 806/2014, de 19 de
septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las Tecnologías de la
Información y las comunicaciones en la AGE y sus Organismos Públicos,
correspondiendo a la SGAD la provisión de dicho servicio, que proporciona recursos de
computación y almacenamiento en la nube.
Asimismo, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre,
por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la
Administración Digital de la Administración del Estado, que ha derogado el Real
Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, y a tenor de su disposición adicional primera,
pasan a tener la consideración y denominación de transversales, a todos los efectos, los
medios y servicios comunes que antes de la entrada en vigor de este real decreto fueron
declarados como compartidos de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real
Decreto 806/2014, de 19 de septiembre.
Séptimo.
Que el artículo 64.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público
por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo,
establece, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, que las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición,
desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación,
deberán consultar si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan
satisfacer total o parcialmente las necesidades que se pretenden cubrir.
Octavo.
Que el artículo 64.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público
por medios electrónicos, establece que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas pondrán a disposición de
cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por su servicios o que
hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean
titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sean objeto de especial
protección por estar previsto en una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias
podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones
cedidas.
En este mismo sentido, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica,
con el fin de minorar al máximo los costes derivados de la implantación y desarrollo de
las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo caso el derecho de los ciudadanos a
acceder electrónicamente a los servicios públicos, impone a las Administraciones en su
artículo 17 el deber de tener en cuenta las soluciones disponibles que puedan satisfacer
total o parcialmente las necesidades de nuevos sistemas o servicios o la mejora y
actualización de los ya implantados.

Que, de conformidad con la disposición adicional vigésima segunda de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la SGAD, órgano
dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública, previa formalización de un
convenio, podrá realizar actuaciones encaminadas a la prestación de servicios comunes
a otros órganos de la Administración General del Estado, así como a sus entidades y
organismos dependientes o vinculados con presupuesto limitativo. En este caso, el
convenio deberá establecer la contraprestación económica que habrá de satisfacer
el órgano destinatario del servicio.

cve: BOE-A-2025-131
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Noveno.