Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-26887)
Resolución de 24 de septiembre de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sector público autonómico, ejercicios 2019 y 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 178812
En los Informes de fiscalización de las ICEX se realizan las siguientes observaciones y
recomendaciones relativas a la delimitación, gestión y composición del sector público, así como a
la actividad de las entidades que lo integran:
•
Relativas a la delimitación del sector público por la normativa autonómica.
−
Región de Murcia: En el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Región, referido
a 2020, como ya se hiciera en ejercicios previos, se evidencia que la estructura definida en
la Ley autonómica 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico no es coincidente con el
perímetro de entidades integradas en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, que a
su vez también difiere de las entidades sujetas al régimen de rendición de cuentas y de las
que se incluyen en los Presupuestos Generales de la Comunidad. Se recomienda la
modificación de la norma y que se establezca como criterio de pertenencia al sector público
regional no solo la participación mayoritaria de la Comunidad en los fondos propios de la
entidad, sino también el mantenimiento de una posición de dominio a través del control de
sus órganos de Gobierno o de la financiación de sus actividades.
−
La Rioja: En el Informe de la Cuenta General de La Rioja, ejercicio 2020, al igual que en
ejercicios previos, se indica que la Ley autonómica 3/2003, de Organización del sector público
no es coincidente con la delimitación de entidades establecida en el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, que es la seguida por la Intervención General para la
formación de la Cuenta General y que también difiere de las entidades que se incluyen en
los Presupuestos Generales de la Comunidad. Se recomienda que se aprueben los cambios
normativos precisos en la definición de los criterios de pertenencia de las entidades al sector
público autonómico, especialmente, en el caso de las fundaciones y los consorcios públicos,
de forma que se tengan en consideración además de los criterios patrimonialistas basados
en la participación mayoritaria, los relativos al control de la gestión y al nombramiento de los
miembros de sus órganos directivos, así como a la financiación de las actividades de la
entidad.
−
Cantabria: En el Informe de la Cuenta General de Cantabria, ejercicio 2020, el Tribunal de
Cuentas recomienda que se modifique la Ley de Finanzas de Cantabria en orden a adaptar
la definición del sector público autonómico a los criterios de adscripción establecidos por la
LRJSP.
−
Castilla-La Mancha: En el Informe de la Cuenta General de Castilla-La Mancha, ejercicio
2020, el Tribunal de Cuentas recomienda que se modifique la Ley de Hacienda autonómica
en orden a adaptar la definición del sector público autonómico a los criterios de adscripción
establecidos por la LRJSP.
•
−
Andalucía: Según se indica en los informes de Fiscalización de la Cuenta General de
Andalucía, ejercicios 2019 y 2020, los estatutos de algunos de los consorcios en los que
participa la Junta de Andalucía no determinan la administración a la que se adscriben,
incumpliéndose la LRJSP. Además, se concluye que tres de los consorcios que no habían
modificado sus estatutos debieron considerarse adscritos a la Junta de Andalucía en los
ejercicios 2019 y 2020 conforme a la normativa.
cve: BOE-A-2024-26887
Verificable en https://www.boe.es
Relativas a la calificación y adscripción de consorcios y fundaciones como entidades del sector
público autonómico:
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 178812
En los Informes de fiscalización de las ICEX se realizan las siguientes observaciones y
recomendaciones relativas a la delimitación, gestión y composición del sector público, así como a
la actividad de las entidades que lo integran:
•
Relativas a la delimitación del sector público por la normativa autonómica.
−
Región de Murcia: En el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Región, referido
a 2020, como ya se hiciera en ejercicios previos, se evidencia que la estructura definida en
la Ley autonómica 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico no es coincidente con el
perímetro de entidades integradas en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, que a
su vez también difiere de las entidades sujetas al régimen de rendición de cuentas y de las
que se incluyen en los Presupuestos Generales de la Comunidad. Se recomienda la
modificación de la norma y que se establezca como criterio de pertenencia al sector público
regional no solo la participación mayoritaria de la Comunidad en los fondos propios de la
entidad, sino también el mantenimiento de una posición de dominio a través del control de
sus órganos de Gobierno o de la financiación de sus actividades.
−
La Rioja: En el Informe de la Cuenta General de La Rioja, ejercicio 2020, al igual que en
ejercicios previos, se indica que la Ley autonómica 3/2003, de Organización del sector público
no es coincidente con la delimitación de entidades establecida en el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, que es la seguida por la Intervención General para la
formación de la Cuenta General y que también difiere de las entidades que se incluyen en
los Presupuestos Generales de la Comunidad. Se recomienda que se aprueben los cambios
normativos precisos en la definición de los criterios de pertenencia de las entidades al sector
público autonómico, especialmente, en el caso de las fundaciones y los consorcios públicos,
de forma que se tengan en consideración además de los criterios patrimonialistas basados
en la participación mayoritaria, los relativos al control de la gestión y al nombramiento de los
miembros de sus órganos directivos, así como a la financiación de las actividades de la
entidad.
−
Cantabria: En el Informe de la Cuenta General de Cantabria, ejercicio 2020, el Tribunal de
Cuentas recomienda que se modifique la Ley de Finanzas de Cantabria en orden a adaptar
la definición del sector público autonómico a los criterios de adscripción establecidos por la
LRJSP.
−
Castilla-La Mancha: En el Informe de la Cuenta General de Castilla-La Mancha, ejercicio
2020, el Tribunal de Cuentas recomienda que se modifique la Ley de Hacienda autonómica
en orden a adaptar la definición del sector público autonómico a los criterios de adscripción
establecidos por la LRJSP.
•
−
Andalucía: Según se indica en los informes de Fiscalización de la Cuenta General de
Andalucía, ejercicios 2019 y 2020, los estatutos de algunos de los consorcios en los que
participa la Junta de Andalucía no determinan la administración a la que se adscriben,
incumpliéndose la LRJSP. Además, se concluye que tres de los consorcios que no habían
modificado sus estatutos debieron considerarse adscritos a la Junta de Andalucía en los
ejercicios 2019 y 2020 conforme a la normativa.
cve: BOE-A-2024-26887
Verificable en https://www.boe.es
Relativas a la calificación y adscripción de consorcios y fundaciones como entidades del sector
público autonómico:
