Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-26878)
Resolución de 24 de septiembre de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas anuales del sector público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 177263
ambas universidades públicas como integrantes del sector público autonómico exige incorporarlas
en el ámbito subjetivo de los controles financieros de la CARM y en caso de que se acuerde la
colaboración de empresas privadas en la realización de la auditoría pública, que se dicten normas
respecto de los requisitos de elección de los servicios externos, de ejecución de la auditoría y de
la forma de ejercer la tutela por la Intervención General13.
Seguimiento de los planes de acción de las entidades regionales
La DA 37 de LP de la CARM para 2020 establece que las entidades auditadas por la Intervención
General, en el plazo de tres meses desde la recepción de los informes definitivos, deben elaborar
un plan de acción con las medidas correctoras a implantar para subsanar las debilidades,
deficiencias, errores e incumplimientos relevantes puestos de manifiesto en los mismos. Este plan
de acción y su cumplimiento es objeto de seguimiento por la Intervención General.
En el análisis del seguimiento de los planes de acción se han obtenido los siguientes resultados:
−
El Consorcio Depósito Franco de Cartagena es la única entidad en funcionamiento
auditada por la Intervención General que no elaboró el preceptivo plan de acción.
Tampoco lo han realizado las seis entidades en proceso de extinción.
−
No obstante haberse elaborado planes de acción por prácticamente todas las entidades
auditadas, únicamente en el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia y la
empresa Región de Murcia Deportes, S.A, se ha acreditado, por parte de la consejería
tutelante, la realización de actuaciones de seguimiento de sus planes.
−
Los planes de acción recogen medidas correctoras dirigidas a subsanar el 60 % del total
de incidencias (250) señaladas en los informes de auditoría.
−
En el 66 % de los casos no se fijó un plazo para la implantación de estas medidas.
−
De acuerdo con los últimos informes de seguimiento de los planes de acción realizados
por la Intervención (junio 2021), el grado de ejecución de las medidas ha alcanzado el
70 %, al haberse adoptado 106 de las 150 medidas correctoras propuestas.
II.3.2. Tutela sobre las entidades dependientes
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que todas las
Administraciones Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades
con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su
sostenibilidad financiera.
13
El hecho de que instrumentalmente se haya regulado un régimen distinto de rendición de cuentas para las Universidades Públicas de
la CARM en el D.299/2017, tal y como señala la Comunidad en alegaciones, no obsta para que dichas entidades estén sujetas al
régimen de control interno de la Intervención General, al formar parte como el resto de las entidades del sector público de la
Comunidad.
cve: BOE-A-2024-26878
Verificable en https://www.boe.es
A su vez, la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la CARM (LP) para 2020
modificó el TRLHRM, incorporando los art.103 bis y 103 ter, por los que se establece la sujeción
de todas las entidades dependientes que integren el sector público de la Comunidad Autónoma a
supervisión continua.
Núm. 308
Lunes 23 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 177263
ambas universidades públicas como integrantes del sector público autonómico exige incorporarlas
en el ámbito subjetivo de los controles financieros de la CARM y en caso de que se acuerde la
colaboración de empresas privadas en la realización de la auditoría pública, que se dicten normas
respecto de los requisitos de elección de los servicios externos, de ejecución de la auditoría y de
la forma de ejercer la tutela por la Intervención General13.
Seguimiento de los planes de acción de las entidades regionales
La DA 37 de LP de la CARM para 2020 establece que las entidades auditadas por la Intervención
General, en el plazo de tres meses desde la recepción de los informes definitivos, deben elaborar
un plan de acción con las medidas correctoras a implantar para subsanar las debilidades,
deficiencias, errores e incumplimientos relevantes puestos de manifiesto en los mismos. Este plan
de acción y su cumplimiento es objeto de seguimiento por la Intervención General.
En el análisis del seguimiento de los planes de acción se han obtenido los siguientes resultados:
−
El Consorcio Depósito Franco de Cartagena es la única entidad en funcionamiento
auditada por la Intervención General que no elaboró el preceptivo plan de acción.
Tampoco lo han realizado las seis entidades en proceso de extinción.
−
No obstante haberse elaborado planes de acción por prácticamente todas las entidades
auditadas, únicamente en el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia y la
empresa Región de Murcia Deportes, S.A, se ha acreditado, por parte de la consejería
tutelante, la realización de actuaciones de seguimiento de sus planes.
−
Los planes de acción recogen medidas correctoras dirigidas a subsanar el 60 % del total
de incidencias (250) señaladas en los informes de auditoría.
−
En el 66 % de los casos no se fijó un plazo para la implantación de estas medidas.
−
De acuerdo con los últimos informes de seguimiento de los planes de acción realizados
por la Intervención (junio 2021), el grado de ejecución de las medidas ha alcanzado el
70 %, al haberse adoptado 106 de las 150 medidas correctoras propuestas.
II.3.2. Tutela sobre las entidades dependientes
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que todas las
Administraciones Públicas deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades
con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su
sostenibilidad financiera.
13
El hecho de que instrumentalmente se haya regulado un régimen distinto de rendición de cuentas para las Universidades Públicas de
la CARM en el D.299/2017, tal y como señala la Comunidad en alegaciones, no obsta para que dichas entidades estén sujetas al
régimen de control interno de la Intervención General, al formar parte como el resto de las entidades del sector público de la
Comunidad.
cve: BOE-A-2024-26878
Verificable en https://www.boe.es
A su vez, la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la CARM (LP) para 2020
modificó el TRLHRM, incorporando los art.103 bis y 103 ter, por los que se establece la sujeción
de todas las entidades dependientes que integren el sector público de la Comunidad Autónoma a
supervisión continua.
