Ministerio de La Presidencia, Justicia y Relaciones Con Las Cortes. III. Otras disposiciones. Recursos. (BOE-A-2024-26456)
Resolución de 19 de noviembre de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Ciudad Real n.º 1 a practicar una anotación de embargo.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304
Miércoles 18 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 173989
de septiembre, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Desde los anteriores presupuestos,
nuestra jurisprudencia prioriza la notificación personal, sin descartar la validez de
fórmulas de notificación no personal siempre que se cumplan determinados requisitos.
Así, se aplica a cualquier procedimiento judicial dentro de cualquier orden jurisdiccional,
la exigencia de procurar la citación personal de los interesados en dicho procedimiento,
siempre que tal citación sea factible, debiendo considerar el emplazamiento edictal como
un “remedio último de carácter supletorio y excepcional que requiere el agotamiento
previo de las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción
de la notificación por su destinatario” (STC 82/2019, de 17 de junio, FJ 3). Un remedio
que debiera limitarse a “aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien
haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero (SSTC 141/1989, de 20 de julio,
y 36/1987, de 25 de marzo, entre otras)” (STC 295/2005, de 21 de noviembre, FJ 3). La
excepcionalidad del recurso a la notificación edictal, hace recaer sobre los órganos
judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación jurídicoprocesal, sin que ello signifique exigir al juez o tribunal correspondiente el despliegue de
una desmedida labor investigadora (por todas, SSTC 136/2014, de 8 de septiembre,
FJ 2, y 15/2016, de 1 de febrero, FJ 2, y jurisprudencia citada en este fundamento
jurídico). Lo que sí exige es el “empleo de cuantos medios obren al alcance del órgano
judicial, de suerte que a la vista de los ordenados quepa cabalmente concluir que se han
agotado las posibilidades de localización y, por tanto, de notificación personal al
demandado”».
En el caso de este expediente, a la vista de la documentación presentada en su
momento en el Registro y que, como se ha hecho constar anteriormente, es la única que
debe tenerse en consideración para la resolución de este expediente, no puede
establecerse la existencia de concretas personas llamadas a la herencia, ni la forma en
que, en su caso, se hayan producido las notificaciones. Por lo tanto, el defecto, en este
punto, debe así mismo confirmarse.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
la Ley Hipotecaria.
cve: BOE-A-2024-26456
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 19 de noviembre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, María Ester Pérez Jerez.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 304
Miércoles 18 de diciembre de 2024
Sec. III. Pág. 173989
de septiembre, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Desde los anteriores presupuestos,
nuestra jurisprudencia prioriza la notificación personal, sin descartar la validez de
fórmulas de notificación no personal siempre que se cumplan determinados requisitos.
Así, se aplica a cualquier procedimiento judicial dentro de cualquier orden jurisdiccional,
la exigencia de procurar la citación personal de los interesados en dicho procedimiento,
siempre que tal citación sea factible, debiendo considerar el emplazamiento edictal como
un “remedio último de carácter supletorio y excepcional que requiere el agotamiento
previo de las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción
de la notificación por su destinatario” (STC 82/2019, de 17 de junio, FJ 3). Un remedio
que debiera limitarse a “aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien
haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero (SSTC 141/1989, de 20 de julio,
y 36/1987, de 25 de marzo, entre otras)” (STC 295/2005, de 21 de noviembre, FJ 3). La
excepcionalidad del recurso a la notificación edictal, hace recaer sobre los órganos
judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de la relación jurídicoprocesal, sin que ello signifique exigir al juez o tribunal correspondiente el despliegue de
una desmedida labor investigadora (por todas, SSTC 136/2014, de 8 de septiembre,
FJ 2, y 15/2016, de 1 de febrero, FJ 2, y jurisprudencia citada en este fundamento
jurídico). Lo que sí exige es el “empleo de cuantos medios obren al alcance del órgano
judicial, de suerte que a la vista de los ordenados quepa cabalmente concluir que se han
agotado las posibilidades de localización y, por tanto, de notificación personal al
demandado”».
En el caso de este expediente, a la vista de la documentación presentada en su
momento en el Registro y que, como se ha hecho constar anteriormente, es la única que
debe tenerse en consideración para la resolución de este expediente, no puede
establecerse la existencia de concretas personas llamadas a la herencia, ni la forma en
que, en su caso, se hayan producido las notificaciones. Por lo tanto, el defecto, en este
punto, debe así mismo confirmarse.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
la Ley Hipotecaria.
cve: BOE-A-2024-26456
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 19 de noviembre de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, María Ester Pérez Jerez.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
