BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 18 de diciembre de 2024

Sec. III. Pág. 173937

A escala nacional, si bien España cuenta con un Sistema Nacional de Protección
Civil cohesionado y eficaz, esta visión de la protección civil implica la necesidad de
fortalecer permanentemente un sistema que integre la contribución de todas las
administraciones, entidades privadas y ciudadanos.
Al ser la protección civil y la gestión de emergencias una competencia compartida
entre todas las administraciones públicas, la cooperación y coordinación entre las
mismas ha de ser una de las piezas claves del sistema. Y esto no sólo se debe predicar
de la gestión de las emergencias, según los diferentes niveles existentes y el uso de
capacidades de otras administraciones, especialmente con la puesta en marcha del
Mecanismo Nacional de Respuesta, sino de todas las demás fases del ciclo: en la
prevención (a través de una labor conjunta según el reparto de competencias), la
planificación (en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil) y en la recuperación
(según el marco competencial de las diferentes administraciones). Es por tanto
imprescindible contar con un marco de cooperación permanente, multilateral, eficiente y
fluido entre todos los participantes del Sistema Nacional de Protección Civil, pero
también una cooperación bilateral a todos los niveles para una óptima gestión del
sistema.
Como pieza clave de este marco de cooperación se encuentra la formación: la
formación de los profesionales del Sistema Nacional de Protección Civil; la formación de
los voluntarios y la difusión de la cultura preventiva y la autoprotección, personal y
familiar, entre la ciudadanía. En este contexto integrador y dentro de la cultura de
Seguridad Nacional, debe fomentarse la concienciación ciudadana sobre las principales
amenazas y riesgos que pueden provocar situaciones de índole catastrófica. Para ello,
resulta esencial potenciar las conductas de autoprotección y resiliencia de la sociedad
española.
Para ello, la Administración General del Estado deberá centrarse no sólo en la
formación de sus empleados públicos, sino en la cooperación con las comunidades
autónomas y las entidades locales mediante cursos y plataformas comunes que permitan
la elaboración y difusión de una doctrina común en la gestión de emergencias, así como
de los más novedosos métodos de gestión y tecnologías aplicables; y lo mismo se
deberá predicar de las Administraciones autonómicas con respecto a las locales.
Igualmente será necesario conectar la formación en materia de emergencias con el
mundo académico y universitario, potenciando especialmente el I+D+i en la materia y el
de la Formación Profesional, tanto dentro del sistema educativo como en el marco de la
formación profesional para el empleo, haciendo de la protección civil, por lo tanto, una
formación reglada.
En línea con lo anterior, la Conferencia de Presidentes de La Palma celebrada el 13
de marzo de 2022 se comprometió a reforzar la capacidad operativa directiva,
planificadora y coordinadora de los órganos centrales del Sistema Nacional de
Protección Civil, así como incrementar la coordinación de todos los operadores del
sistema (estatales, autonómicos y locales) en todas las fases de la protección civil.
A escala internacional, esta visión implica establecer una coherencia buscando
sinergias y complementariedades con los acuerdos y agendas internacionales (Marco de
Sendai, Acuerdo de París y Objetivos de Desarrollo Sostenible) en materia de resiliencia.
Esto implica pasar de una gestión integral de las emergencias a una gestión integral del
riesgo, tratando de potenciar, en la medida de lo posible, la prevención frente a la
respuesta, conscientes de que la mejor gestión de las emergencias es la de la
emergencia que se consigue evitar.

cve: BOE-A-2024-26452
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Núm. 304