Comunidad Autónoma de Canarias. I. Disposiciones generales. Medidas urgentes. (BOE-A-2024-23637)
Decreto-ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 14 de noviembre de 2024
Sec. I. Pág. 146447
ciertos derechos relacionados con la carrera profesional que redundarán en la mejora de
la calidad en el empleo público, y ambas, en la calidad de los servicios públicos.
24. Las Administraciones Públicas han venido haciendo frente desde principios de
la segunda década del siglo XXI a un conjunto de sucesivos desafíos para los cuales no
estaban preparadas y esto ha producido la necesidad de innovar nuestro ordenamiento
jurídico a golpe de respuestas inéditas que pudieran garantizar la respuesta del sector
público.
Así, superada aquella crisis económica profunda, nuestra administración, ha tenido
que hacer frente a una declaración de crisis sanitaria de pandemia mundial de
dimensiones catastróficas, primero, y la declaración de un conflicto bélico en Europa
después, entre otros acontecimientos globales que han marcado la agenda de todas las
administraciones.
La puesta en marcha de mecanismos de recuperación, de forma urgente e inédita
para nuestro sector público, también ha incidido en el régimen de personal de la
administración y ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que permitan
hacer frente a los retos que ya están presentes y que se irán agudizando con el
transcurrir de los años.
Los sucesivos escenarios desfavorables a los que se ha venido enfrentado el sector
público han traído consigo el enraizamiento de una serie de debilidades en el ámbito del
empleo público de nuestra Administración Autonómica.
En tanto que nuestra comunidad autónoma se dota de un nuevo cuerpo legal
regulador de su empleo público, la Administración Autonómica precisa de respuestas
legales urgentes e inaplazables, basadas en el principio de seguridad jurídica, respecto a
los graves problemas a los que se enfrenta actualmente nuestra Administración
Autonómica.
25. A los fenómenos globales anteriormente descritos, deben añadirse las
complejas situaciones que nuestra sociedad canaria, y por tanto nuestro sector público,
han sufrido en los últimos años, algunos de ellos con efectos prolongados y que obligan
a dar una respuesta inmediata para garantizar que desde ya podamos hacer frente a
dichas situaciones.
Canarias se enfrenta a retos económicos, sociales y naturales de especial
trascendencia para los cuales se espera una respuesta eficaz, ágil y eficiente por parte
de sus poderes públicos.
Estando en la obligación de hacer de la necesidad una virtud que nos permita
aprender y responder, nuestra comunidad autónoma se sigue enfrentando a los
devastadores efectos de la erupción volcánica de la isla de La Palma, experiencia de la
cual, dada nuestra realidad geológica debemos aprender.
Canarias también lleva más de diez años haciendo frente a una crisis migratoria
constante que asola nuestras costas y que en especial compromete nuestra capacidad
de respuesta, especialmente en la protección de las personas menores de edad
migrantes, ante la cual, además de la falta de respuesta a nivel de conjunto del estado
español, ha tensado nuestro sistema público de bienestar social.
Nuestro archipiélago se enfrenta de otro lado a un envejecimiento poblacional
progresivo que demanda mayores servicios públicos sanitarios y sociales, en ámbitos
claves del estado del estado del bienestar social, como son la dependencia o la
discapacidad, a la fluctuación de la actividad económica, al cambio climático y a la
racionalización del territorio y el crecimiento demográfico, entre otros.
26. Lo cierto es que frente a todas estas vicisitudes que ponen a prueba nuestro
modelo de gestión de recursos humanos, como se expuso anteriormente, este modelo,
en definitiva, descansa en un marco legal adoptado en los años ochenta del siglo
pasado, con un escaso desarrollo normativo, a nivel reglamentario.
La obsolescencia de ese marco legal se ha visto agravado además por la falta de
incorporación a nuestro sistema de herramientas modernas de gestión de recursos
humanos, algunos de los cuales se encuentran ya perfectamente consolidados en otros
ordenamientos jurídicos autonómicos y del estado español.
cve: BOE-A-2024-23637
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 275
Jueves 14 de noviembre de 2024
Sec. I. Pág. 146447
ciertos derechos relacionados con la carrera profesional que redundarán en la mejora de
la calidad en el empleo público, y ambas, en la calidad de los servicios públicos.
24. Las Administraciones Públicas han venido haciendo frente desde principios de
la segunda década del siglo XXI a un conjunto de sucesivos desafíos para los cuales no
estaban preparadas y esto ha producido la necesidad de innovar nuestro ordenamiento
jurídico a golpe de respuestas inéditas que pudieran garantizar la respuesta del sector
público.
Así, superada aquella crisis económica profunda, nuestra administración, ha tenido
que hacer frente a una declaración de crisis sanitaria de pandemia mundial de
dimensiones catastróficas, primero, y la declaración de un conflicto bélico en Europa
después, entre otros acontecimientos globales que han marcado la agenda de todas las
administraciones.
La puesta en marcha de mecanismos de recuperación, de forma urgente e inédita
para nuestro sector público, también ha incidido en el régimen de personal de la
administración y ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que permitan
hacer frente a los retos que ya están presentes y que se irán agudizando con el
transcurrir de los años.
Los sucesivos escenarios desfavorables a los que se ha venido enfrentado el sector
público han traído consigo el enraizamiento de una serie de debilidades en el ámbito del
empleo público de nuestra Administración Autonómica.
En tanto que nuestra comunidad autónoma se dota de un nuevo cuerpo legal
regulador de su empleo público, la Administración Autonómica precisa de respuestas
legales urgentes e inaplazables, basadas en el principio de seguridad jurídica, respecto a
los graves problemas a los que se enfrenta actualmente nuestra Administración
Autonómica.
25. A los fenómenos globales anteriormente descritos, deben añadirse las
complejas situaciones que nuestra sociedad canaria, y por tanto nuestro sector público,
han sufrido en los últimos años, algunos de ellos con efectos prolongados y que obligan
a dar una respuesta inmediata para garantizar que desde ya podamos hacer frente a
dichas situaciones.
Canarias se enfrenta a retos económicos, sociales y naturales de especial
trascendencia para los cuales se espera una respuesta eficaz, ágil y eficiente por parte
de sus poderes públicos.
Estando en la obligación de hacer de la necesidad una virtud que nos permita
aprender y responder, nuestra comunidad autónoma se sigue enfrentando a los
devastadores efectos de la erupción volcánica de la isla de La Palma, experiencia de la
cual, dada nuestra realidad geológica debemos aprender.
Canarias también lleva más de diez años haciendo frente a una crisis migratoria
constante que asola nuestras costas y que en especial compromete nuestra capacidad
de respuesta, especialmente en la protección de las personas menores de edad
migrantes, ante la cual, además de la falta de respuesta a nivel de conjunto del estado
español, ha tensado nuestro sistema público de bienestar social.
Nuestro archipiélago se enfrenta de otro lado a un envejecimiento poblacional
progresivo que demanda mayores servicios públicos sanitarios y sociales, en ámbitos
claves del estado del estado del bienestar social, como son la dependencia o la
discapacidad, a la fluctuación de la actividad económica, al cambio climático y a la
racionalización del territorio y el crecimiento demográfico, entre otros.
26. Lo cierto es que frente a todas estas vicisitudes que ponen a prueba nuestro
modelo de gestión de recursos humanos, como se expuso anteriormente, este modelo,
en definitiva, descansa en un marco legal adoptado en los años ochenta del siglo
pasado, con un escaso desarrollo normativo, a nivel reglamentario.
La obsolescencia de ese marco legal se ha visto agravado además por la falta de
incorporación a nuestro sistema de herramientas modernas de gestión de recursos
humanos, algunos de los cuales se encuentran ya perfectamente consolidados en otros
ordenamientos jurídicos autonómicos y del estado español.
cve: BOE-A-2024-23637
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 275
