III. Otras disposiciones. MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (BOE-A-2024-21211)
Resolución de 8 de octubre de 2024, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I., por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de actividades durante el ejercicio 2023.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 250

Miércoles 16 de octubre de 2024

Sec. III. Pág. 133156

Información de relevancia jurídica:
La proporción de entidades evaluadas que publican las informaciones de este grupo
de obligaciones que les son aplicables se sitúa en el 55,6 %, con un rango que oscila
entre el 46, 7 %, alcanzado por el Portal de Transparencia de la AGE, y el 55,6 %
obtenido por las entidades que integran el Sector Público Institucional.
En cuanto a los atributos de calidad, el de la actualización es el que presenta un
menor nivel de cumplimiento –un 40,6 %– dado que, aunque se trata de información que
por regla general está datada, no existen en los portales de transparencia referencias a
la fecha de la última revisión o actualización de la información publicada.
El cumplimiento global de este bloque de obligaciones se sitúa en el 52,2 %, con un
rango de variación que oscila entre el 50,2 %, obtenido por el Portal de Transparencia de
la AGE y el 52,6 %, alcanzado por las entidades integrantes del Sector Público
Institucional.
Información económica, presupuestaria y estadística:
La proporción de informaciones obligatorias publicadas en este grupo alcanza
el 35,4 % en promedio, con un rango de variación de entre el 25,8 % –correspondiente a
las entidades perceptoras de subvenciones y ayudas públicas– y el 85,2 % alcanzado
por el Portal de Transparencia de la AGE.
La mayor parte de los incumplimientos de la obligación de publicar se localiza en la
información económica relativa a altos cargos y máximos responsables, en el grupo de
obligaciones relativas a contratos (datos estadísticos sobre contratación, modificaciones
y desistimientos y renuncias), y en la información sobre las encomiendas de gestión y
subcontrataciones derivadas de estas, información sobre las autorizaciones de
compatibilidad concedidas a empleados públicos e información sobre ejecución
presupuestaria.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos de calidad de la información, además de
las dificultades para conocer si la información está actualizada, el principal problema es,
como en años anteriores, el uso de fuentes centralizadas por parte de las entidades
públicas para publicarla. En muchos casos se deriva a la Plataforma de Contratación del
Sector Público o a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Mientras que en otras
ocasiones se redirige al Portal de Transparencia de la AGE, lo que obliga a efectuar una
nueva búsqueda para localizar la información.
El índice medio de cumplimiento de este bloque de obligaciones es del 34,4 %, con
un rango de variación que oscila entre el 25,7 %, alcanzado por los sujetos privados, y
el 83,9 %, obtenido por el Portal de Transparencia de la AGE.

El 54,5 % de las entidades a las que resulta de aplicación esta obligación publica
información sobre sus bienes patrimoniales o sobre los que ostentan algún derecho real.
De nuevo, el principal déficit que presenta este bloque de obligaciones es la falta de
referencias a la última fecha en que se revisó o actualizó la información: solo un 23 % de
las entidades publican la datación o la fecha de la última revisión o actualización.
El índice de cumplimiento global se sitúa en el 51,7 %, con una variabilidad de entre
el 50,4 % de las entidades integrantes del Sector Público Estatal y el 100 % alcanzado
por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
B.4

Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).

El ICIO medio obtenido por el conjunto de entidades evaluadas en 2023 alcanza
el 44,2 % de cumplimiento. La falta de publicación de informaciones obligatorias –no se
publica un 52 % de ellas– el recurso a fuentes centralizadas o la derivación al Portal de
Transparencia de la AGE y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer

cve: BOE-A-2024-21211
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Información Patrimonial: