BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 15 de octubre de 2024

Sec. III. Pág. 132669

Ambas partes intervinientes en la representación y con las facultades que sus
respectivos cargos les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación
para obligarse y convenir, al efecto
EXPONEN
I
El Consejo de Políticas del Juego, constituido como el órgano de cooperación,
participación y, en su caso, coordinación, de la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia de juego, aprobó
el 14 de julio de 2021 el acuerdo por el que se determinan los principios para establecer
una cooperación más estrecha entre los Registros de interdicciones de acceso al juego
estatal y autonómicos.
Este acuerdo se funda en el reconocimiento de las singularidades regulatorias de los
registros de prohibidos de todos los actores públicos implicados en la regulación y
supervisión de las actividades de juego y en la protección de los colectivos vulnerables,
respetando y valorando así los distintos modelos desarrollados por las Comunidades
Autónomas y por la Administración General del Estado, puesto que cada uno de esos
modelos obedece a un marco social y político específico que guarda una conexión íntima
con su propia realidad.
Precisamente por ello, este acuerdo, al basarse en el reconocimiento mutuo de las
inscripciones, modificaciones y cancelaciones practicadas por las autoridades de juego
que hayan suscrito un convenio, habilita la posibilidad de que el traslado al Registro
General de Interdicciones de Acceso al Juego (en adelante RGIAJ) de las inscripciones
obrantes en los registros autonómicos y viceversa, extienda las virtudes tuitivas de cada
una de las normativas particulares de las autoridades reguladoras de juego implicadas.
En línea con la plena disponibilidad por la autoridad de origen de los datos trasladados,
este reconocimiento mutuo implica también que las modificaciones y cancelaciones de
los datos incorporados a uno de los registros conectados al sistema solo pueden
realizarse por aquella autoridad de juego que haya inscrito a esa persona en el sistema
por primera vez.
II
El artículo 22.3 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, prevé la
posibilidad de que la Comisión Nacional del Juego (cuyas competencias son ejercidas
por la Dirección General de Ordenación del Juego por indicarlo así expresamente la
disposición transitoria primera de la citada ley y la disposición adicional décima de la
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia) y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas puedan
acordar, mediante los oportunos convenios, la interconexión de sus registros de juego.
Idéntica previsión se recoge en el Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el
que se desarrolla la indicada ley en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del
juego. En análogo sentido, la disposición adicional tercera de la Ley 8/2010, de 15 de
julio, de los Juegos y Apuestas, contempla la posibilidad de que el Gobierno de Canarias
pueda acordar, mediante la suscripción del oportuno convenio de cooperación con la
Administración General del Estado, la interconexión del Registro de Prohibidos de
Acceso al Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias con el Registro General de
Interdicciones de Acceso al Juego de la Administración General del Estado.
Por su parte, el artículo 62 del precitado Real Decreto 1614/2011, de 14 de
noviembre, señala que la autoridad encargada de la regulación del juego estatal, en el
marco que se fije en el Consejo de Políticas de Juego, alcanzará convenios con las
distintas Comunidades Autónomas para la determinación del procedimiento de
inscripción en el RGIAJ de los datos contenidos en los registros autonómicos, la
agilización de los procesos de comunicación de datos y, en su caso, la interconexión de

cve: BOE-A-2024-21116
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Núm. 249