BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 3 de octubre de 2024

Sec. I. Pág. 121104

Disposición final tercera. Régimen especial para Los Llanos de Aridane y aplicación
en otros municipios de La Palma.
Disposición final cuarta. Actualización de anexos.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Anexo 1. Ámbito territorial.
Anexo 2. Ámbito recuperación agraria.
PREÁMBULO
I.

Los impactos del volcán

El 19 de septiembre de 2021 comenzó la erupción volcánica en la zona de Montaña
Rajada en la isla de La Palma. Tras 85 días, las coladas de lava se extendieron y
llegaron hasta la costa ocupando una superficie superior a 1.200 hectáreas. En su
recorrido, la lava arrasó, bien haciéndolo desaparecer, bien inutilizándolo, cuanto se
encontraba en su superficie: las edificaciones (viviendas, cuartos agrícolas, fábricas y
naves industriales, negocios de ocio y de hostelería, colegios, templos, parques y plazas,
entre otras); las infraestructuras que vertebraban ese espacio (en particular, la red viaria
regional, insular y municipal, incluyendo caminos agrícolas); y las explotaciones
agropecuarias características del valle de Aridane (en su mayoría, plantaciones de
platanera y de aguacate). El suelo y cada una de las parcelas fueron invadidas por la
colada que, a modo de gran manto, las hizo desaparecer. Este fue el impacto físico y
material directo de la erupción.
Con la destrucción de todos esos bienes, se diluyeron el entorno y el modo de vida
de las personas afectadas, los lugares donde desarrollaban su vida personal, familiar, de
relación social, laboral, y con ellos los recuerdos y, por tanto, parte de su identidad. La
erupción volcánica cercenó proyectos de vida, ilusiones, historias y recuerdos. El
impacto social de las coladas se manifiesta en el desplazamiento físico de las personas
de sus lugares de residencia, pero también en la pérdida de los referentes personales y
sociales donde venían desarrollando sus vidas, un impacto emocional, intangible pero
muy real. Esto explica que la aspiración de la mayoría de las personas afectadas sea la
recuperación de lo perdido y, en lo posible, en cuanto la naturaleza lo permita, la vuelta a
los lugares de donde tuvieron que salir para reconstruir y restablecer su modo de vida y,
como parte del mismo, la recuperación de la actividad agraria, motor tradicional de la
economía en el Valle.
El inicio de la erupción volcánica movilizó a todas las administraciones públicas para
dar una respuesta inmediata a la emergencia, evitando daños a las personas,
garantizando su seguridad y la atención de sus necesidades básicas, así como, en lo
posible, tratando de reducir los daños a los bienes. De esta respuesta dan cuenta las
numerosas medidas económicas, fiscales y sociales aprobadas y puestas en marcha en
ese tiempo por la Administración General del Estado, por el Gobierno de Canarias, por el
Cabildo Insular de La Palma y por los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane
y Tazacorte. En buena medida, las administraciones sabían lo que tenían que hacer y lo
hicieron.
II. La recuperación territorial, económica y social
Terminada la erupción y estabilizados sus impactos sobre el territorio, cuando menos
los más evidentes, se inicia la etapa de recuperación, lo que suscita la cuestión particular
de, si es viable, el restablecimiento de la realidad territorial, social y económica previa.
Ciertamente, en esta etapa la decisión sobre qué hacer y sobre el papel que deben
desarrollar los poderes públicos resulta más abierto e impreciso, oscilando entre la
acción pública directa y el establecimiento de las reglas para que la iniciativa sea de las
personas afectadas. En este caso, además, a la dificultad inherente a la recuperación
tras cualquier catástrofe natural se añade la incertidumbre sobre lo que está bajo la

cve: BOE-A-2024-19892
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Núm. 239