III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE HACIENDA. Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio. (BOE-A-2024-19877)
Resolución de 23 de septiembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238
Miércoles 2 de octubre de 2024
Sec. III. Pág. 120996
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, incluso
aunque no tengan la condición de Administración Pública.
3. Igualmente estarán atribuidos a la competencia del Tribunal las reclamaciones,
solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a
actos adoptados por las entidades contratantes sometidas al Real Decreto-ley 3/2020,
de 4 de febrero, integradas en el sector público institucional de la Comunidad Autónoma,
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial.
4. Estas atribuciones competenciales deberán mencionarse en todo caso en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento de contenido análogo,
refiriéndose al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como órgano
ante el que deben interponerse los recursos y al convenio suscrito al efecto con el
Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo 10.3 del Real
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
La presentación del recurso, cuando se realice directamente ante el Tribunal, deberá
realizarse por vía electrónica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del citado Real
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre.
Cuarta. Comunicaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las
comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para
la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el
procedimiento se harán por medios electrónicos. A tal fin, el Tribunal facilitará a los
órganos de contratación las indicaciones precisas sobre la forma de proceder para la
remisión por medios electrónicos del expediente de contratación, debiendo proporcionar
aquéllos los datos de la persona o personas de contacto responsables de la remisión del
expediente, así como de cualquier otra documentación adicional que pueda el Tribunal
requerir para la resolución del recurso.
Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará
cualquiera de los medios que sean legalmente admisibles procurando, en todo caso,
elegir el que resulte más rápido.
El vocal designado por la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como miembro de la comisión mixta de
seguimiento, a la que se refiere la cláusula duodécima de este convenio, será la persona
de contacto con el Tribunal al objeto de resolver las cuestiones que puedan suscitarse
respecto a la remisión de información al Tribunal, cuando no sea posible su resolución a
través del órgano de contratación cuyo expediente se recurre o reclama. Asimismo, el
citado vocal será el competente para realizar el control y seguimiento del envío efectivo y
recepción de la documentación remitida al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales a efectos de garantizar el cumplimento de los plazos legalmente previstos
para la resolución de los recursos.
Procedimiento.
1. La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes
administrativos a que se refiera el recurso o la cuestión de nulidad interpuestos deberá
hacerse dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público por el
titular del órgano de contratación afectado, de su Secretaría o de su unidad de
contratación, en los términos señalados en la cláusula cuarta, incluyendo, en el caso de
los expedientes administrativos, toda la documentación integrante de los mismos salvo
que expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal al reclamarlo.
En el caso de que las comunicaciones, informes y expedientes administrativos objeto
del recurso o cuestión de nulidad se encuentren escritos en lenguas cooficiales, la
Comunidad Autónoma deberá acompañar la traducción de los mismos al castellano de
cve: BOE-A-2024-19877
Verificable en https://www.boe.es
Quinta.
Núm. 238
Miércoles 2 de octubre de 2024
Sec. III. Pág. 120996
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, incluso
aunque no tengan la condición de Administración Pública.
3. Igualmente estarán atribuidos a la competencia del Tribunal las reclamaciones,
solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a
actos adoptados por las entidades contratantes sometidas al Real Decreto-ley 3/2020,
de 4 de febrero, integradas en el sector público institucional de la Comunidad Autónoma,
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial.
4. Estas atribuciones competenciales deberán mencionarse en todo caso en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento de contenido análogo,
refiriéndose al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como órgano
ante el que deben interponerse los recursos y al convenio suscrito al efecto con el
Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo 10.3 del Real
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
La presentación del recurso, cuando se realice directamente ante el Tribunal, deberá
realizarse por vía electrónica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del citado Real
Decreto 814/2015, de 11 de septiembre.
Cuarta. Comunicaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, las
comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para
la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el
procedimiento se harán por medios electrónicos. A tal fin, el Tribunal facilitará a los
órganos de contratación las indicaciones precisas sobre la forma de proceder para la
remisión por medios electrónicos del expediente de contratación, debiendo proporcionar
aquéllos los datos de la persona o personas de contacto responsables de la remisión del
expediente, así como de cualquier otra documentación adicional que pueda el Tribunal
requerir para la resolución del recurso.
Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará
cualquiera de los medios que sean legalmente admisibles procurando, en todo caso,
elegir el que resulte más rápido.
El vocal designado por la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como miembro de la comisión mixta de
seguimiento, a la que se refiere la cláusula duodécima de este convenio, será la persona
de contacto con el Tribunal al objeto de resolver las cuestiones que puedan suscitarse
respecto a la remisión de información al Tribunal, cuando no sea posible su resolución a
través del órgano de contratación cuyo expediente se recurre o reclama. Asimismo, el
citado vocal será el competente para realizar el control y seguimiento del envío efectivo y
recepción de la documentación remitida al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales a efectos de garantizar el cumplimento de los plazos legalmente previstos
para la resolución de los recursos.
Procedimiento.
1. La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes
administrativos a que se refiera el recurso o la cuestión de nulidad interpuestos deberá
hacerse dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público por el
titular del órgano de contratación afectado, de su Secretaría o de su unidad de
contratación, en los términos señalados en la cláusula cuarta, incluyendo, en el caso de
los expedientes administrativos, toda la documentación integrante de los mismos salvo
que expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal al reclamarlo.
En el caso de que las comunicaciones, informes y expedientes administrativos objeto
del recurso o cuestión de nulidad se encuentren escritos en lenguas cooficiales, la
Comunidad Autónoma deberá acompañar la traducción de los mismos al castellano de
cve: BOE-A-2024-19877
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Quinta.
