T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-17481)
Pleno. Sentencia 100/2024, de 16 de julio de 2024. Recurso de amparo 2119-2023. Promovido por don José Antonio Griñán Martínez respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla que le condenaron por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Vulneración del derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia: condena basada en una interpretación del todo imprevisible del tipo objetivo. Votos particulares.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 208
Miércoles 28 de agosto de 2024
Sec. TC. Pág. 109112
(ii) Desde el año 2000 hasta el año 2010, las ayudas las concedió la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, a través de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, y el pago lo efectuaba el IFA/IDEA. Su régimen se establecía en los
convenios particulares suscritos entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social y el IFA/IDEA, al amparo del convenio marco de 17 de julio de 2001.
(iii) Al IFA/IDEA se le atribuyeron los fondos para el pago de las ayudas mediante
transferencias de financiación. La utilización de estos créditos no estaba sometida a un
control previo, sino a un control ex post: el llamado «control financiero permanente».
Este control se limitaba a comprobar la legalidad del pago; examinar las cuentas
anuales; y analizar críticamente los programas asignados al instituto.
(iv) Al IFA/IDEA se le dotó de fondos, al principio, durante los años 2000 y 2001,
mediante modificaciones presupuestarias y, después, estableciendo en las leyes de
presupuestos de los ejercicios 2002 a 2009 unas partidas presupuestarias específicas,
en el programa 3.1 L, para que abonase dichas ayudas, cuyo importe inicial se
incrementó a través de la aprobación de modificaciones presupuestarias.
El seguimiento del referido sistema de otorgamiento de las ayudas sociolaborales y a
empresas en crisis hasta el año 2010 permitió, según las resoluciones impugnadas:
(i) que se concediesen las ayudas sociolaborales sin publicación de bases
reguladoras que garantizasen la publicidad y conocimiento general por los posibles
destinatarios de las ayudas; sin registro en la base de datos de subvenciones de la Junta
de Andalucía; sin establecer el más mínimo mecanismo de comprobación de la
pertenencia al colectivo afectado de las personas beneficiarias de las pólizas de rentas
abonadas por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico; y sin exigencia de
justificación alguna o seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios. Todo lo cual
permitió que percibieran las rentas de las pólizas personas que nunca habían
pertenecido al colectivo afectado o que siguieran percibiéndolas quienes ya se habían
incorporado al mercado laboral;
(ii) que se concediesen ayudas a empresas en crisis sin realizar convocatorias que
garantizasen la publicidad y conocimiento general, sin el obligatorio registro en la base
de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía; y sin que una gran parte de esas
ayudas dispusiera de un objeto concreto, lo que facilitó que las ayudas fueran
concedidas para fines muy diversos, entre otros el pago de nóminas, minutas por
asesoramientos jurídicos y avales y
(iii) que se destinasen fondos del programa 31L a fines distintos y ajenos a los
recogidos para este en los correspondientes presupuestos.
La «pieza específica» y las demás piezas del proceso «ERE».
La causa matriz de los «ERE» se desgajó en una primera pieza denominada «pieza
específica» y, en lo que aquí interesa, en un número no inferior a otras 200 piezas, que
tienen por objeto las ayudas individuales concedidas a empresas o determinados grupos
de empresas.
El Tribunal Supremo declara en su sentencia, que en la «pieza específica», de la que
trae causa la presente demanda de amparo, han sido enjuiciados, tanto por la ilegalidad
de sus resoluciones como por disponer de fondos públicos o permitir su disposición, «un
grupo de personas que por su posición institucional intervinieron en el diseño, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de un sistema de presupuestación que dio lugar a la
concesión de las ayudas al margen de los procedimientos legales establecidos». En las
piezas dedicadas a las ayudas individuales son objeto de investigación, en cambio, cada
una de esas ayudas, «lo que incluye a todas aquellas personas que de forma activa y
consciente participaron en la gestión, concesión de las ayudas desde todos los ámbitos
administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas».
Entre la «pieza específica» y las piezas individuales existe, afirma la sentencia de
casación, una posible zona de coincidencia, «la de aquellas personas que intervinieron
cve: BOE-A-2024-17481
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2.2
Núm. 208
Miércoles 28 de agosto de 2024
Sec. TC. Pág. 109112
(ii) Desde el año 2000 hasta el año 2010, las ayudas las concedió la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, a través de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, y el pago lo efectuaba el IFA/IDEA. Su régimen se establecía en los
convenios particulares suscritos entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social y el IFA/IDEA, al amparo del convenio marco de 17 de julio de 2001.
(iii) Al IFA/IDEA se le atribuyeron los fondos para el pago de las ayudas mediante
transferencias de financiación. La utilización de estos créditos no estaba sometida a un
control previo, sino a un control ex post: el llamado «control financiero permanente».
Este control se limitaba a comprobar la legalidad del pago; examinar las cuentas
anuales; y analizar críticamente los programas asignados al instituto.
(iv) Al IFA/IDEA se le dotó de fondos, al principio, durante los años 2000 y 2001,
mediante modificaciones presupuestarias y, después, estableciendo en las leyes de
presupuestos de los ejercicios 2002 a 2009 unas partidas presupuestarias específicas,
en el programa 3.1 L, para que abonase dichas ayudas, cuyo importe inicial se
incrementó a través de la aprobación de modificaciones presupuestarias.
El seguimiento del referido sistema de otorgamiento de las ayudas sociolaborales y a
empresas en crisis hasta el año 2010 permitió, según las resoluciones impugnadas:
(i) que se concediesen las ayudas sociolaborales sin publicación de bases
reguladoras que garantizasen la publicidad y conocimiento general por los posibles
destinatarios de las ayudas; sin registro en la base de datos de subvenciones de la Junta
de Andalucía; sin establecer el más mínimo mecanismo de comprobación de la
pertenencia al colectivo afectado de las personas beneficiarias de las pólizas de rentas
abonadas por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico; y sin exigencia de
justificación alguna o seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios. Todo lo cual
permitió que percibieran las rentas de las pólizas personas que nunca habían
pertenecido al colectivo afectado o que siguieran percibiéndolas quienes ya se habían
incorporado al mercado laboral;
(ii) que se concediesen ayudas a empresas en crisis sin realizar convocatorias que
garantizasen la publicidad y conocimiento general, sin el obligatorio registro en la base
de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía; y sin que una gran parte de esas
ayudas dispusiera de un objeto concreto, lo que facilitó que las ayudas fueran
concedidas para fines muy diversos, entre otros el pago de nóminas, minutas por
asesoramientos jurídicos y avales y
(iii) que se destinasen fondos del programa 31L a fines distintos y ajenos a los
recogidos para este en los correspondientes presupuestos.
La «pieza específica» y las demás piezas del proceso «ERE».
La causa matriz de los «ERE» se desgajó en una primera pieza denominada «pieza
específica» y, en lo que aquí interesa, en un número no inferior a otras 200 piezas, que
tienen por objeto las ayudas individuales concedidas a empresas o determinados grupos
de empresas.
El Tribunal Supremo declara en su sentencia, que en la «pieza específica», de la que
trae causa la presente demanda de amparo, han sido enjuiciados, tanto por la ilegalidad
de sus resoluciones como por disponer de fondos públicos o permitir su disposición, «un
grupo de personas que por su posición institucional intervinieron en el diseño, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de un sistema de presupuestación que dio lugar a la
concesión de las ayudas al margen de los procedimientos legales establecidos». En las
piezas dedicadas a las ayudas individuales son objeto de investigación, en cambio, cada
una de esas ayudas, «lo que incluye a todas aquellas personas que de forma activa y
consciente participaron en la gestión, concesión de las ayudas desde todos los ámbitos
administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas».
Entre la «pieza específica» y las piezas individuales existe, afirma la sentencia de
casación, una posible zona de coincidencia, «la de aquellas personas que intervinieron
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