III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16166)
Resolución de 30 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
II.6. MEDIDAS ANTIFRAUDE DESARROLLADAS
APROBADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
POR
Sec. III. Pág. 100136
LAS
ENTIDADES
SIN
PMA
De las 35 entidades que a la finalización de los trabajos no disponían de un PMA ni habían
renunciado a los recursos del MRR, 17 de ellas lo aprobaron con posterioridad111, entre octubre de
2022 y marzo de 2023: los ayuntamientos de Almadén, Biota, Boiro y Sariñena en octubre de
2022; los de Besalú, Càlig, Consuegra y El Astillero en noviembre; los de Camargo, CastroUrdiales, Piélagos y Tapia de Casariego en diciembre; el de As Pontes de García Rodríguez112, en
enero de 2023; la Comarca del Matarraña en febrero, los Ayuntamientos de Adra y Montanuy en
marzo y el de Maracena en mayo.
De las 18 entidades restantes, 4 desarrollaron otras actuaciones en materia antifraude, con el
siguiente detalle:
•
El Ayuntamiento de Balsareny disponía de un código de conducta.
•
El Ayuntamiento de Mogente había emitido una declaración formal manifestando su
compromiso contra el fraude y su tolerancia cero ante el mismo y disponía de un órgano
con competencias en materia antifraude.
•
El Ayuntamiento de Noja disponía de una evaluación de riesgos de cohecho y tráfico de
influencias, un código ético, un código anticorrupción y procedimientos para abordar el
conflicto de interés; había celebrado, además, un contrato con una empresa para la
elaboración de un PMA.
•
La Comarca del Cinca Medio había iniciado actuaciones previas para la elaboración del
plan.
Los ayuntamientos de Alcudia, Arapiles, Baiona, Banyeres del Penedés, Bárcena de Campos,
Daroca de Rioja, Fuente de Santa Cruz, Fuentesaúco, Higuera la Real, Sahagún, Solana de
Rioalmar, Traspinedo y Yeste y el Consorci del Bages per la Gestió de Residus pusieron de
manifiesto no haber desarrollado actuaciones en materia antifraude.
II.7. CASOS −POTENCIALES O REALES− DE FRAUDE O CONFLICTO DE INTERÉS
PRODUCIDOS
De las 56 entidades analizadas, situadas en las CCAA de Andalucía, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia fue la
única que puso de manifiesto haber identificado algún indicio de fraude, corrupción, conflicto de
interés o doble financiación entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.
111
Las medidas contra el fraude contenidas en los PMA de estas entidades no se analizan en el presente Informe por
haber sido aprobados después del cierre de los trabajos.
112
Los ayuntamientos de As Pontes de García Rodríguez y Boiro se adhirieron al PMA de la DP de A Coruña.
cve: BOE-A-2024-16166
Verificable en https://www.boe.es
En concreto, se trató de una sospecha de conflicto de interés, comunicada por el Servicio de
Contratación Municipal, al haberse tenido conocimiento de que el administrador de una sociedad
mercantil que había concurrido a través de una unión temporal de empresas a una licitación del
ayuntamiento financiada con fondos del PRTR era, a su vez, gerente de otra que ya prestaba
asistencia técnica a una empresa pública municipal.
Núm. 188
Lunes 5 de agosto de 2024
II.6. MEDIDAS ANTIFRAUDE DESARROLLADAS
APROBADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
POR
Sec. III. Pág. 100136
LAS
ENTIDADES
SIN
PMA
De las 35 entidades que a la finalización de los trabajos no disponían de un PMA ni habían
renunciado a los recursos del MRR, 17 de ellas lo aprobaron con posterioridad111, entre octubre de
2022 y marzo de 2023: los ayuntamientos de Almadén, Biota, Boiro y Sariñena en octubre de
2022; los de Besalú, Càlig, Consuegra y El Astillero en noviembre; los de Camargo, CastroUrdiales, Piélagos y Tapia de Casariego en diciembre; el de As Pontes de García Rodríguez112, en
enero de 2023; la Comarca del Matarraña en febrero, los Ayuntamientos de Adra y Montanuy en
marzo y el de Maracena en mayo.
De las 18 entidades restantes, 4 desarrollaron otras actuaciones en materia antifraude, con el
siguiente detalle:
•
El Ayuntamiento de Balsareny disponía de un código de conducta.
•
El Ayuntamiento de Mogente había emitido una declaración formal manifestando su
compromiso contra el fraude y su tolerancia cero ante el mismo y disponía de un órgano
con competencias en materia antifraude.
•
El Ayuntamiento de Noja disponía de una evaluación de riesgos de cohecho y tráfico de
influencias, un código ético, un código anticorrupción y procedimientos para abordar el
conflicto de interés; había celebrado, además, un contrato con una empresa para la
elaboración de un PMA.
•
La Comarca del Cinca Medio había iniciado actuaciones previas para la elaboración del
plan.
Los ayuntamientos de Alcudia, Arapiles, Baiona, Banyeres del Penedés, Bárcena de Campos,
Daroca de Rioja, Fuente de Santa Cruz, Fuentesaúco, Higuera la Real, Sahagún, Solana de
Rioalmar, Traspinedo y Yeste y el Consorci del Bages per la Gestió de Residus pusieron de
manifiesto no haber desarrollado actuaciones en materia antifraude.
II.7. CASOS −POTENCIALES O REALES− DE FRAUDE O CONFLICTO DE INTERÉS
PRODUCIDOS
De las 56 entidades analizadas, situadas en las CCAA de Andalucía, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia fue la
única que puso de manifiesto haber identificado algún indicio de fraude, corrupción, conflicto de
interés o doble financiación entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.
111
Las medidas contra el fraude contenidas en los PMA de estas entidades no se analizan en el presente Informe por
haber sido aprobados después del cierre de los trabajos.
112
Los ayuntamientos de As Pontes de García Rodríguez y Boiro se adhirieron al PMA de la DP de A Coruña.
cve: BOE-A-2024-16166
Verificable en https://www.boe.es
En concreto, se trató de una sospecha de conflicto de interés, comunicada por el Servicio de
Contratación Municipal, al haberse tenido conocimiento de que el administrador de una sociedad
mercantil que había concurrido a través de una unión temporal de empresas a una licitación del
ayuntamiento financiada con fondos del PRTR era, a su vez, gerente de otra que ya prestaba
asistencia técnica a una empresa pública municipal.
