BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186

Viernes 2 de agosto de 2024

Sec. TC. Pág. 98887

Este último subapartado C) resulta del siguiente tenor:
«C) Los fondos del programa 31L se emplearon también en fines distintos y ajenos
a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo, así podemos reseñar que se
abonó:
– Facturas emitidas por las mercantiles Tapsa y Cicm, derivadas de varios contratos
de campañas de comunicación sobre fomento de empleo y divulgación del SAE [Servicio
Andaluz de Empleo], por un total de 3 386 017,00 euros, que fueron abonadas por el
Instituto, en el periodo 15 de julio de 2003 a 2 de marzo de 2004.
– Financiación del protocolo suscrito el 16 de diciembre de 2002, por el acusado
José Antonio Viera Chacón, como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y el
consejero de Gobernación, por el cual la Consejería de Empleo realizará las actuaciones
encaminadas a la cesión al sistema de emergencias 112 Andalucía, de las dependencias
correspondientes a las alas noroeste y Suroeste de la sexta planta del edificio Pabellón
de Italia. Los gastos de esta cesión se compensaron contablemente con otros saldos de
la agencia IDEA dentro de la comunidad de bienes ''Centro de Empresas Pabellón
de Italia''.
– Financiación del programa de formación del voluntariado de los Juegos del
Mediterráneo en Almería, conforme al convenio firmado el 26 de septiembre de 2003, por
el acusado José Antonio Viera Chacón, como consejero de Empleo, asumiendo el pago
de 180 304 euros, para la realización de cursos on line.
– Financiación de campaña de divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales, conforme al protocolo de colaboración suscrito entre la Consejería de Empleo
y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, de fecha 14 de abril
de 2005, que supuso el abono a la entidad Cenforpre de 491 424,43 euros, mediante la
suscripción de póliza de rentas y de capital, en la que figuraba como beneficiario José
Antonio Gómez Román.
– Financiación de parte de las subidas salariales de trabajadores de las empresas FCC,
S.A., FCC Medio Ambiente, S.A., y CESPA, S.A., como consecuencia de la suscripción del
convenio colectivo en 2006, que puso fin a la conflictividad laboral de la limpieza pública de
Granada. El pago de estas cantidades se realizó mediante la suscripción de pólizas de
seguros, figurando la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social como tomadora, y
beneficiarios, las mercantiles CESPA, S.A., y FCC Medio Ambiente, S.A., habiendo percibido,
cada una de ellas, las cantidades de 276 222,24 euros.
– Colaboración en la financiación de dieciséis muestras de artesanía y jornadas
relacionadas con el empleo, por municipios andaluces, en los ejercicios 2002 a 2004, de
los cuales catorce eran regidos por el PSOE, uno por el PA, y uno por IU, en la fecha de
la concesión, y siendo mayoritariamente pertenecientes a la provincia de Sevilla, –solo
uno en Jaén y dos en Cádiz–.
– En los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2009 y 2010, se destinaron 1 192 000 euros
para el pago a la Fundación San Telmo, del ''Curso de alta dirección de instituciones
sociales'', para un total de cien personas.»
Hechos por los que ha sido condenada la demandante de amparo.

Los hechos por los que ha sido condenada doña Carmen Martínez Aguayo están
descritos en los hechos probados y en los fundamentos de Derecho 38 y 49 de la
sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.
A) Doña Carmen Martínez Aguayo ocupó el cargo de viceconsejera de Economía y
Hacienda entre el 26 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009. En el ejercicio de dicho
cargo, la recurrente tenía competencias para la tramitación de los anteproyectos de leyes
de presupuestos y formaba parte de la comisión general de viceconsejeros (órgano
encargado de elevar dichos anteproyectos al Consejo de Gobierno). La recurrente de

cve: BOE-A-2024-16041
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2.4