BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de julio de 2024

Sec. III. Pág. 95399

habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención
Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Del mismo modo, resulta conforme a los
estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestión del PRTR.
Esta orden se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado en los
párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su
aprobación, que son la necesidad de «descarbonizar» los distintos sectores de la
economía, al incentivar la adopción de políticas de desarrollo y promoción de nuevos
actores y el impulso de la participación ciudadana dentro del sector energético así como
reactivar la actividad económica del país, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos
del PRTR y del Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno. El dictado de esta
norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de
estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los
destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa
vigente en materia de energías renovables y establece estímulos económicos que
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que en su elaboración se han
seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa,
habiéndose realizado el trámite de participación pública. Además, define claramente sus
objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como en materia
de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las facultades
de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y sobre
las bases del régimen minero y energético, respectivamente. También se dicta al amparo
de lo establecido en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica.
En la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica, tienen cobijo normas básicas y asimismo
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los
fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas
acciones o medidas singulares se encuentra el programa de incentivos a proyectos piloto
singulares de comunidades energéticas, que se implementa por esta orden, que tiene el
objetivo de promover la investigación técnica en el ámbito de la nuevas estructuras
organizativas, colaboraciones entre entidades públicas, privadas y ciudadanas,
incluyendo su vinculación a proyectos multi-componente (energía eléctrica, térmica,
eficiencia energética, movilidad, gestión de la demanda y otros), que permitan obtener
información cualitativa para entender los beneficios de enfoques integrales de sistemas
energéticos, así como innovar en las opciones de gestión del sistema energético

cve: BOE-A-2024-15412
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Núm. 179