BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 22 de julio de 2024

Sec. I. Pág. 93130

En el ámbito estatal, el Gobierno de la nación ha aprobado la Estrategia Española de
Economía Circular (España Circular 2030) y el I Plan de Acción de Economía
Circular 2021-2023, en aplicación del artículo 131 de la Constitución Española, que
establece la capacidad de los poderes públicos de planificar la actividad económica general
para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución;
y del artículo 45 que consagra la conservación del medio ambiente como un derecho social
y una obligación de las administraciones públicas. En este contexto, se ha aprobado
también, a nivel nacional, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular, cuya disposición final undécima le confiere carácter de
legislación básica en materia de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de
protección.
Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, mediante la presente ley se pretende
regular la implantación de la economía circular desde una perspectiva transversal, que
permita que este nuevo modelo de producción y consumo se integre en todos los
ámbitos de la vida social y económica de la región.
En este sentido, la implantación se fundamenta no sólo en la competencia de
desarrollo legislativo en materia de protección del medio ambiente, reconocida en el
artículo 27.7 del Estatuto de Autonomía, sino en otras competencias exclusivas,
atribuidas en el artículo 26 del Estatuto, en materia de organización, régimen de las
instituciones de autogobierno, en materia de procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia; en materia económica, de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del
Estado y en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
La aplicación de la economía circular en el ámbito de la contratación pública se
fundamenta en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, que le atribuye a la
Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución
en materia de contratos administrativos, en el marco de la legislación básica del Estado.
Asimismo, la regulación de la economía circular tiene implicaciones en el ámbito
educativo, que se sustentan en la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
establecida en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía, así como en el ámbito de la
formación profesional para el empleo, que conlleva el ejercicio de la competencia de
ejecución de la legislación laboral, conforme a lo previsto en el artículo 28.1.12 del
Estatuto de Autonomía.
La Comunidad de Madrid constituye un ecosistema complejo. En una superficie
de 8.000 kilómetros cuadrados se concentran cerca de siete millones de personas,
siendo la región con mayor densidad de población de España. Sin embargo, mientras
algunos de sus municipios se encuentran entre los más poblados del país, otros, en
torno a un 25 %, no alcanzan los 1.000 habitantes, lo que requiere diferentes estrategias
de gestión.
Con esta ley, atendiendo a esas particularidades y en línea con la estrategia europea
para la recuperación y el crecimiento, se pretende dotar a la Comunidad de Madrid de un
modelo incentivador y facilitador. Un modelo que desde la libertad y la colaboración
público-privada garantice la seguridad y la confianza a empresas e inversores para
trasladar los principios de la economía circular al sistema productivo de la región en aras
de potenciar un modelo económico más eficiente, más competitivo y generador de
empleo sostenible y de calidad.
Un modelo que, utilizando de forma eficiente los recursos, minimizando los residuos,
dotando de una segunda vida a éstos y alargando la vida de los productos, integre la
circularidad en el modelo económico. El reto medioambiental que plantea el consumo de
recursos y la generación de residuos se resuelve con una clara apuesta por la economía
verde, es decir, por más eficiencia, más sostenibilidad, más oportunidades, más empleo
y más competitividad.

cve: BOE-A-2024-14999
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Núm. 176