BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 17 de julio de 2024

Sec. III. Pág. 89984

los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes, el
aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su
disminución por segregación de alguna parte, la construcción de nuevas plantas y
cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento
de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o
de las cosas comunes.
En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y
corresponderá a la Junta de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y según la
mayoría de los propietarios que en cada caso proceda de acuerdo con esta Ley, la
determinación de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. La fijación de
las nuevas cuotas de participación, así como la determinación de la naturaleza de las
obras que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas, requerirá la
adopción del oportuno acuerdo de la Junta de Propietarios, por idéntica mayoría. A este
respecto también podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los
términos establecidos en la Ley.”
Por lo tanto, están sujetos a autorización administrativa alguno de los siguientes dos
supuestos:
a) La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el
artículo 26.6 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Dicho artículo 26.6 del TRLSRU se refiere y se aplica sobre los complejos
inmobiliarios privados “del tipo de los regulados como regímenes especiales de
propiedad, por el artículo 24 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal”.
El artículo 24 de Ley de Propiedad Horizontal, al que se refiere el artículo 26.6 del
TRLSRU, establece que:
“El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil será
aplicable aquellos complejos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí
cuyo destino principal sea la vivienda o locales.
b) Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se
encuentren divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una
copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o
servicios.
El inmueble objeto de este recurso no está formado por dos o más edificaciones o
parcelas independientes entre sí, sino que se trata de un único edificio que se alza sobre
una parcela. En consecuencia, en base a lo establecido en el artículo 10.3 de la Ley de
Propiedad Horizontal, en el artículo 26.6 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana y en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, no puede
ser considerado como un complejo inmobiliario privado, y no está sujeto por lo tanto al
régimen de autorización administrativa.
b) De acuerdo con el régimen establecido en la legislación de ordenación territorial
y urbanística, la división material de los pisos o locales y sus anejos.
Es decir, la sujeción al régimen de autorización administrativa de la división de pisos
locales o anejos está condicionada al régimen establecido en la legislación de
ordenación territorial y urbanística, lo que nos remite a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo, de la Comunidad de Madrid.

cve: BOE-A-2024-14714
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Núm. 172