III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. Recursos. (BOE-A-2024-14265)
Resolución de 11 de junio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Fuenlabrada n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de cambio de uso de local a vivienda.
18 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 12 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 87533
impliquen su demolición o reposición de conformidad con lo previsto en el artículo 28.4
del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real
Decreto Legislativo 7/2015.
La correspondencia entre usos autorizados y descripción registral se garantiza, en el
primer caso, por la aseveración del técnico competente de que la descripción se ajusta al
proyecto para el que se otorgó la autorización. En el segundo, el documento de respaldo
se limita a llevar a cabo una descripción que ha de coincidir con la que aparece en el
título, pero sin que ello implique concordancia alguna con los eventuales usos posibles
dada la eventual prescripción, o caducidad, de las acciones para restablecer la legalidad
urbanística.
Verificada la inscripción en el Registro de la Propiedad con unos usos determinados
cuyo reflejo consta en la forma establecida en el artículo 45 transcrito, cualquier
modificación que de los mismos se lleve a cabo exige nuevamente la aplicación de la
norma sobre inscripción en el Registro de obras nuevas (vid. artículo 28.3 de la Ley de
Suelo).
Y esto es así porque, aunque no siempre una alteración de la descripción de la obra
nueva inscrita puede implicar la exigencia de acreditación de los requisitos exigidos por
la normativa urbanística, es evidente que la alteración del uso de todo o parte del edificio
inscrito cuando la ley urbanística aplicable exija autorización conduce a dicho supuesto
en cuanto modificación del derecho de propiedad.
5. Partiendo de estos argumentos, este Centro Directivo ha afirmado (vid.
Resoluciones de 5 de agosto y 13 de noviembre de 2013, 21 de abril de 2014, 13 de
mayo, 12 de septiembre y 30 de noviembre de 2016, 27 de junio de 2018 y 27 de marzo
de 2019), que el cambio de uso de la edificación es equiparable a la modificación de la
declaración de obra inscrita, como elemento definitorio del objeto del derecho, y por
tanto, su régimen de acceso registral se basará en cualquiera de las dos vías previstas
por el artículo 28 de la Ley de Suelo, con independencia del uso urbanístico previsto en
planeamiento y el uso efectivo que, de hecho, se dé a la edificación.
Justificada la aplicación del régimen registral sobre edificaciones previsto en el
artículo 28 de la actual Ley de Suelo a la constatación registral del cambio de uso de
inmuebles, la inscripción que se practique exigirá la acreditación de los distintos
requisitos a que se refiere el precepto según que la solicitud se lleve a cabo con
aportación de la documentación urbanística a que se refiere su apartado primero o con
aportación de aquella otra documentación que acredite la improcedencia de adoptar
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición o
reposición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes (lo que,
conforme al artículo 236.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se produce
por el transcurso de cuatro años), todo ello tal y como previene el apartado cuarto del
artículo 28 del vigente texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en
relación con el artículo 52 del Reglamento sobre inscripción de actos de naturaleza
urbanística aprobado por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, del que resultan
cuatro posibles medios acreditativos: la certificación del Ayuntamiento, la certificación
catastral descriptiva y gráfica, la certificación de técnico competente y el acta notarial, sin
que haya una jerarquía entre esos medios (cfr. las Resoluciones de 16 de diciembre
de 2013 y 23 de abril de 2014).
Este segundo supuesto es el que concurre en este caso, al dejarse claro en la
escritura que el cambio de uso a vivienda cuya inscripción se solicita se realiza por la vía
prevista en el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, y a él se refieren
especialmente las Resoluciones de 5 de agosto y 13 de noviembre de 2013, 12 de
septiembre y 30 de noviembre de 2016, 31 de agosto de 2017, 27 de junio de 2018 y 27
de marzo de 2019.
Ciertamente, como señaló la Resolución de esta Dirección General de 21 de julio
de 2021 el hecho de que la superficie mínima o las condiciones de habitabilidad que han
de tener las viviendas según la normativa urbanística sea un dato objetivo no impide la
aplicación de la doctrina expuesta, pues al registrador le corresponde el control de la
cve: BOE-A-2024-14265
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 168
Viernes 12 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 87533
impliquen su demolición o reposición de conformidad con lo previsto en el artículo 28.4
del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real
Decreto Legislativo 7/2015.
La correspondencia entre usos autorizados y descripción registral se garantiza, en el
primer caso, por la aseveración del técnico competente de que la descripción se ajusta al
proyecto para el que se otorgó la autorización. En el segundo, el documento de respaldo
se limita a llevar a cabo una descripción que ha de coincidir con la que aparece en el
título, pero sin que ello implique concordancia alguna con los eventuales usos posibles
dada la eventual prescripción, o caducidad, de las acciones para restablecer la legalidad
urbanística.
Verificada la inscripción en el Registro de la Propiedad con unos usos determinados
cuyo reflejo consta en la forma establecida en el artículo 45 transcrito, cualquier
modificación que de los mismos se lleve a cabo exige nuevamente la aplicación de la
norma sobre inscripción en el Registro de obras nuevas (vid. artículo 28.3 de la Ley de
Suelo).
Y esto es así porque, aunque no siempre una alteración de la descripción de la obra
nueva inscrita puede implicar la exigencia de acreditación de los requisitos exigidos por
la normativa urbanística, es evidente que la alteración del uso de todo o parte del edificio
inscrito cuando la ley urbanística aplicable exija autorización conduce a dicho supuesto
en cuanto modificación del derecho de propiedad.
5. Partiendo de estos argumentos, este Centro Directivo ha afirmado (vid.
Resoluciones de 5 de agosto y 13 de noviembre de 2013, 21 de abril de 2014, 13 de
mayo, 12 de septiembre y 30 de noviembre de 2016, 27 de junio de 2018 y 27 de marzo
de 2019), que el cambio de uso de la edificación es equiparable a la modificación de la
declaración de obra inscrita, como elemento definitorio del objeto del derecho, y por
tanto, su régimen de acceso registral se basará en cualquiera de las dos vías previstas
por el artículo 28 de la Ley de Suelo, con independencia del uso urbanístico previsto en
planeamiento y el uso efectivo que, de hecho, se dé a la edificación.
Justificada la aplicación del régimen registral sobre edificaciones previsto en el
artículo 28 de la actual Ley de Suelo a la constatación registral del cambio de uso de
inmuebles, la inscripción que se practique exigirá la acreditación de los distintos
requisitos a que se refiere el precepto según que la solicitud se lleve a cabo con
aportación de la documentación urbanística a que se refiere su apartado primero o con
aportación de aquella otra documentación que acredite la improcedencia de adoptar
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición o
reposición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes (lo que,
conforme al artículo 236.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se produce
por el transcurso de cuatro años), todo ello tal y como previene el apartado cuarto del
artículo 28 del vigente texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en
relación con el artículo 52 del Reglamento sobre inscripción de actos de naturaleza
urbanística aprobado por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, del que resultan
cuatro posibles medios acreditativos: la certificación del Ayuntamiento, la certificación
catastral descriptiva y gráfica, la certificación de técnico competente y el acta notarial, sin
que haya una jerarquía entre esos medios (cfr. las Resoluciones de 16 de diciembre
de 2013 y 23 de abril de 2014).
Este segundo supuesto es el que concurre en este caso, al dejarse claro en la
escritura que el cambio de uso a vivienda cuya inscripción se solicita se realiza por la vía
prevista en el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, y a él se refieren
especialmente las Resoluciones de 5 de agosto y 13 de noviembre de 2013, 12 de
septiembre y 30 de noviembre de 2016, 31 de agosto de 2017, 27 de junio de 2018 y 27
de marzo de 2019.
Ciertamente, como señaló la Resolución de esta Dirección General de 21 de julio
de 2021 el hecho de que la superficie mínima o las condiciones de habitabilidad que han
de tener las viviendas según la normativa urbanística sea un dato objetivo no impide la
aplicación de la doctrina expuesta, pues al registrador le corresponde el control de la
cve: BOE-A-2024-14265
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 168
