BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 5 de julio de 2024

Sec. III. Pág. 83809

La registradora ha señalado en el primero y en el tercero de los defectos la
necesidad de la intervención de la legataria, bien para subsanar la escritura de
aceptación de herencia, bien para la elevación a público del documento privado
prestando su consentimiento a la revocación del legado. El recurrente alega que es
innecesaria esta intervención.
La institución como heredero y la aceptación de esa condición por el llamado
imponen derechos y obligaciones; en consecuencia, el heredero debe cumplir todas las
obligaciones pendientes contraídas por el causante (artículo 661 del Código Civil) y le
corresponde reconocer esas obligaciones pendientes y cumplirlas, y solo él, a menos
que el testador haya dispuesto otra cosa, es el responsable de las mismas (artículos 858
y 859 del Código Civil). Por tanto, al heredero corresponde la entrega de los legados
ordenados por el testador y a este deben ser reclamados.
En amparo de su derecho, la legataria puede solicitar la entrega (artículo 885 del
Código Civil), en su caso, de la cosa legada, y, a falta de ello, ejercitar sus acciones de
impugnación de las actuaciones del heredero en fraude de sus derechos derivados del
legado, correspondiendo a los tribunales de justicia la resolución de las reclamaciones al
respecto. En definitiva, es el legatario, en el caso de que considere defraudado su
derecho, quien ha de ejercitar las acciones de reclamación del legado e impugnación
que la ley le concede para ello, entre ellas la de impugnar los actos que el causante o su
heredero haya realizado en fraude de su legado.
En consecuencia, es al heredero a quien corresponde por sí solo –junto con los
compradores– cumplir con la obligación de elevar a público el contrato privado de
compraventa para dar satisfacción al compromiso de su causante y, al legatario, en su
caso, reclamar si procede, la entrega de la cosa legada. Por tanto, este tercer defecto
debe ser revocado dado que no se ha realizado ni pretendido siquiera la elevación a
público del documento privado. Pero, en el caso de ese otorgamiento, bastaría la
intervención del heredero y de los compradores.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto respecto de los
defectos primero y tercero, revocando la calificación en esos, y desestimar el recurso
respecto del segundo defecto, confirmando la calificación en este extremo. (…)”.
En atención a lo expuesto, además, aunque el que suscribe discrepe de la condición
de tercero interesado de la Consejería de Cultura de la CARM al entender cumplidas las
disposiciones testamentarias en sus propios términos, y por ende no habiendo de tener
lugar la sustitución testamentaria, sí que se habría de tener presente que dicha
Consejería recibió comunicación del Notario autorizante del testamento acerca del
contenido del mismo y, además, en fecha de 8 de enero de 2024 el que suscribe ha
procedido a interesar mediante registro fehaciente electrónico de dicha Consejería que
ésta se pronuncie sobre su aquiescencia con la interpretación dada al testamento y
consecuente escritura de manifestación y adjudicación de herencia, remitiendo por dicho
conducto electrónico, nuevamente el testamento, la renuncia del albacea, la escritura de
aceptación de herencia en su favor, y la liquidación del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones; así como escrito de subsanación de errores de esa instancia por el mismo
conducto en fecha de 9 de enero de 2024. Ello, a los meros efectos de evitar la eventual
apreciación de cualquier suerte de indefensión de esta.
Con lo cual, entiende el que suscribe que da sobrado cumplimiento a las debidas
garantías como para que la inscripción registral interesada tenga efecto, pues en caso de
que la Consejería discrepase de la tesis sostenida por el ahora recurrente, siempre
podría ejercitar las acciones que a su derecho pudiera corresponder al estar plenamente
informado dicho ente de la situación del proceso hereditario de que trae causa el
presente.
En consonancia con lo expuesto, en nada perjudica a los pretendidos intereses de la
Consejería de Cultura el hecho de que el que suscribe resulte el titular a efectos
registrales de la finca objeto del presente. Siempre podrá promover un procedimiento
judicial declarativo para el caso de existir una controversia que hasta la fecha no ha
tenido lugar.»

cve: BOE-A-2024-13773
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Núm. 162