BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158

Lunes 1 de julio de 2024

Sec. III. Pág. 76724

INICIATIVA, ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN
El presente Informe, realizado a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, se enmarca en el Plan
Estratégico para el período 2018-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 25 de abril
de 2018, dentro del objetivo estratégico 1 y los objetivos específicos 1.1 a 1.3, referentes a la
realización de actuaciones que sirvan a las Cortes Generales para impulsar la adopción de medidas
que contribuyan a conseguir un sector público más racional y eficiente, el incremento de buenas
prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas y la identificación y
fiscalización de las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan
propiciar el fraude y la corrupción.
La fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público y, en concreto, de los
contratos de compraventa, permuta, donación, cesión o arrendamiento de bienes inmuebles (en
adelante, contratos patrimoniales), es competencia atribuida al Tribunal de Cuentas en los artículos
9 y 11.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu). La Ley
7/1988, de 5 de abril, reguladora de su funcionamiento (LFTC), dispone en su artículo 39 que están
sujetos a fiscalización todos los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás
entidades del Sector público. Con fundamento en dicho artículo, la Instrucción General relativa a la
remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y
convenios y de las relaciones de contratos, convenios y encargos a medios propios personificados,
celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico (en adelante, IGTCU),
aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, dispone, en su apartado II.B, que todos
los órganos, organismos o entidades del sector público estatal y autonómico que tuvieran la
consideración de Administración Pública deben remitir al Tribunal de Cuentas, con periodicidad
anual, relaciones certificadas de los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento
y demás negocios jurídicos sobre bienes inmuebles que hayan sido formalizados en el ejercicio
precedente, siempre que los ingresos o gastos que generen, o su valor en caso de donación o
permuta, sean de importe superior a 50.000 euros, IVA y demás impuestos indirectos excluidos.
Si bien consta la realización de algunas fiscalizaciones puntuales sobre la gestión patrimonial del
sector público, se hace necesario incidir en el control de los contratos de la Administración General
del Estado dada su trascendencia económica y la posible mejora de la gestión de esta clase de
contratos.

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por los ministerios del área de Administración
Económica del Estado y sus organismos y entidades dependientes. Constituyen el ámbito objetivo
los contratos de compraventa, donación, cesión, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos más relevantes sobre los bienes inmuebles.

cve: BOE-A-2024-13273
Verificable en https://www.boe.es

De la información rendida en la Plataforma de Rendición de Contratos del Sector Público Estatal y
Autonómico del Tribunal de Cuentas por los ministerios del Área de Administración Económica del
Estado y sus organismos y entidades dependientes, se desprende la relevancia económica de estos
contratos que, en el ejercicio 2018 -último del que se tenían datos completos en el momento de dar
comienzo a las actuaciones previas al inicio de la fiscalización-, alcanzaron un importe de, al menos,
41.071.691,27 euros. Al finalizar los trabajos de fiscalización practicados y para el conjunto de los
dos ejercicios fiscalizados, el importe de los contratos comunicados se elevó a un total de
221.290.605,27 euros.