III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-13273)
Resolución de 11 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los Ministerios del Área de Administración Económica del Estado y sus organismos y entidades dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158
Lunes 1 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 76719
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
13273
Resolución de 11 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los Ministerios del
Área de Administración Económica del Estado y sus organismos y entidades
dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del
día 11 de abril de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del
Informe de fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los Ministerios del
Área de Administración económica del Estado y sus Organismos y entidades
dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019, acuerda:
1. Instar al Gobierno, en lo que respecta a los contratos patrimoniales celebrados
por los Ministerios del Área de Administración económica del Estado y sus Organismos y
entidades dependientes a:
– Fechar correctamente la documentación a remitir al Tribunal de Cuentas, al objeto
de facilitar la comprobación por el órgano fiscalizador del cumplimiento de los requisitos
legales.
– Garantizar la transparencia y mejorar la concurrencia competitiva, debiendo para
ello proceder a la publicación de las licitaciones o, al menos, de las formalizaciones en el
perfil del contratante y ello con independencia del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el artículo 8 de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
– Actuar con mayor diligencia por parte de la delegación del gobierno para el Plan
Nacional contra la droga, a la hora de inmatricular registralmente la titularidad de los
bienes inmuebles adjudicados.
– Justificar por parte de la dirección General de Patrimonio la necesidad de la
enajenación sin que se limite a una formulación genérica, haciendo referencias concretas
a las circunstancias del inmueble.
– Utilizar una mayor diligencia para la tramitación de expedientes por parte del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (o el que le sustituya en sus
funciones en la actualidad) al objeto de no incurrir en demoras.
2.
Instar a al Ministerio de Trabajo y Economía Social a:
– Emplear la mayor diligencia posible en la tramitación de expedientes, con el fin de
evitar incurrir en demoras que conculcarían el principio de eficiencia que ha de regir la
actuación de los poderes públicos.
Instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a:
– Emplear la mayor diligencia posible en la tramitación de expedientes, con el
objetivo de evitar incurrir en demoras que vayan contra el principio de eficiencia que ha
de presidir la actuación de los poderes públicos.
4.
Instar a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a:
– Inmatricular registralmente con la diligencia debida. Asimismo, promover la
adopción, en sede judicial, de las medidas cautelares que se precisen para garantizar
dicha inmatriculación.
cve: BOE-A-2024-13273
Verificable en https://www.boe.es
3.
Núm. 158
Lunes 1 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 76719
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
13273
Resolución de 11 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los Ministerios del
Área de Administración Económica del Estado y sus organismos y entidades
dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del
día 11 de abril de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del
Informe de fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los Ministerios del
Área de Administración económica del Estado y sus Organismos y entidades
dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019, acuerda:
1. Instar al Gobierno, en lo que respecta a los contratos patrimoniales celebrados
por los Ministerios del Área de Administración económica del Estado y sus Organismos y
entidades dependientes a:
– Fechar correctamente la documentación a remitir al Tribunal de Cuentas, al objeto
de facilitar la comprobación por el órgano fiscalizador del cumplimiento de los requisitos
legales.
– Garantizar la transparencia y mejorar la concurrencia competitiva, debiendo para
ello proceder a la publicación de las licitaciones o, al menos, de las formalizaciones en el
perfil del contratante y ello con independencia del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el artículo 8 de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
– Actuar con mayor diligencia por parte de la delegación del gobierno para el Plan
Nacional contra la droga, a la hora de inmatricular registralmente la titularidad de los
bienes inmuebles adjudicados.
– Justificar por parte de la dirección General de Patrimonio la necesidad de la
enajenación sin que se limite a una formulación genérica, haciendo referencias concretas
a las circunstancias del inmueble.
– Utilizar una mayor diligencia para la tramitación de expedientes por parte del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (o el que le sustituya en sus
funciones en la actualidad) al objeto de no incurrir en demoras.
2.
Instar a al Ministerio de Trabajo y Economía Social a:
– Emplear la mayor diligencia posible en la tramitación de expedientes, con el fin de
evitar incurrir en demoras que conculcarían el principio de eficiencia que ha de regir la
actuación de los poderes públicos.
Instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a:
– Emplear la mayor diligencia posible en la tramitación de expedientes, con el
objetivo de evitar incurrir en demoras que vayan contra el principio de eficiencia que ha
de presidir la actuación de los poderes públicos.
4.
Instar a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a:
– Inmatricular registralmente con la diligencia debida. Asimismo, promover la
adopción, en sede judicial, de las medidas cautelares que se precisen para garantizar
dicha inmatriculación.
cve: BOE-A-2024-13273
Verificable en https://www.boe.es
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