BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 104

Lunes 29 de abril de 2024

Sec. III. Pág. 48819

Generales y Especiales de la Administración de Justicia de gestión directa del Ministerio
de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Tercero.

Medidas.

Medidas relativas a la provisión de puestos de trabajo y reducción de la
temporalidad:
1. La provisión de puestos de trabajo supone un elemento clave en la óptima
prestación del servicio público de la Administración de Justicia.
El 18 de diciembre de 2015 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las
organizaciones sindicales cuyo apartado sexto establecía el compromiso de revisar la
normativa de personal temporal que, por diversas razones no se ha llevado a efecto.
Durante todos estos años, el nombramiento y cese del personal interino se ha visto
afectado por la sucesión de decisiones judiciales nacionales y europeas que se han
venido conociendo en los últimos años, siendo imprescindible unificar criterios en la
formación de las bolsas y en su funcionamiento.
Es necesaria, por tanto, una adecuación normativa de la actual Orden
JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de
funcionarios interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia.
En consecuencia, en el plazo de tres meses, se convocará la Mesa Delegada para
revisar la normativa de nombramiento de personal interino con el objetivo de reducir la
contratación temporal, conforme a la normativa europea y nacional vigentes.
2. Dentro de este apartado, y en relación con la reducción de la contratación
temporal, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se
compromete a:
Establecer, previa negociación colectiva, un protocolo de nombramiento de personal
de refuerzo en el que se cuente con la participación de las organizaciones sindicales.
Asimismo, se compromete a convocar dos reuniones al año (en junio y en diciembre)
al objeto de revisar las plantillas existentes y analizar la situación de los refuerzos en
vigor con el objeto de tomar decisiones sobre su continuidad o, en su caso, sobre el
incremento de las plantillas.

Una administración de Justicia moderna precisa, como cualquier otra organización
prestadora de servicios, un personal adecuadamente formado en la adquisición de
nuevas habilidades y en el uso de las herramientas que se ponen a su disposición para
desarrollar su labor.
Las continuas reformas procesales y la actualización de los medios tecnológicos
exigen una adecuada formación tanto en términos de oportunidad, antes de que entren
en vigor las normas, como de calidad.
Las partes firmantes de este documento coinciden en la necesidad de actualizar la
formación que, anualmente, se presta al personal funcionario destinado en el ámbito no
transferido y, en este sentido, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con
las Cortes convocará en el plazo de tres meses la Mesa Delegada para abordar una
reforma en profundidad de la formación en el mencionado ámbito bajo los criterios de
accesibilidad, combinando acciones o cursos on-line como presenciales, máxima
participación posible de todo el personal afectado, enfoque práctico y control de la
calidad de la formación.
En este sentido, ambas partes se comprometen a estudiar el papel que debe jugar el
Centro de Estudios Jurídicos como centro formador de todo el personal de Justicia, así
como la posibilidad de realizar convenios de formación con las CCAA con competencia o
con el sistema universitario español.

cve: BOE-A-2024-8589
Verificable en https://www.boe.es

Medidas relativas a la formación del personal funcionario: