BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102

Viernes 26 de abril de 2024

Sec. III. Pág. 48196

prescribe que “en los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se
dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar
conceda algún derecho”. Pero en supuestos como el presente, en los que se pretende
una reanudación del tracto, el procedimiento judicial declarativo, puede considerarse un
medio idóneo para la rectificación siempre y cuando se cumplan las exigencias previstas
en el Titulo VI de la Ley Hipotecaria para la reanudación del tracto que garantizan la
intervención de los terceros que puedan tener algún derecho sobre alguna de las fincas.
(…) Conforme a la normativa hipotecaria vigente en el momento de instarse el juicio
declarativo de rectificación de asientos (octubre de 2012), estas exigencias se
encontraban en el art. 201 LH. De acuerdo con este precepto, en casos de reanudación
del tracto, debía citarse “a aquellos que, según la certificación del Registro, tengan algún
derecho real sobre la finca, a aquel de quien procedan los bienes o a sus
causahabientes, si fueren conocidos, y al que tenga catastrada o amillarada la finca a su
favor”, y, además, debía convocarse “a las personas ignoradas a quienes pueda
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos”. De este modo, en casos de
reanudación del tracto sucesivo, se integraba la exigencia del art. 40 LH de que la
demanda fuera dirigida “contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de
rectificar conceda algún derecho”, con las medidas previstas en el art. 201 LH, regla
tercera, entonces en vigor, que exigían además la citación de aquel de quien procedan
los bienes (o a sus causahabientes, si fueren conocidos) y la convocatoria por edictos de
“las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada”. En la
actualidad, aunque haya cambiado el procedimiento para la reanudación del tracto del
Título VI de la Ley Hipotecaria, con la reforma introducida por la Ley 13/2015, de 24 de
junio, se mantienen estas exigencias, como se desprende de la regla quinta del
apartado 1 del art. 203 LH, al que se remite el art. 208 LH. (…) Bajo esta interpretación,
los registradores que calificaban los mandamientos judiciales que ordenaban la
inscripción de la rectificación de los asientos, en caso de reanudación del tracto, podían
verificar que quedaba constancia de que se habían cumplido las exigencias legales
relativas a la citación y convocatoria de interesados o afectados por la rectificación,
previstos en la ley, dentro del marco de competencia que les confiere el art. 100 RH».
Por todo ello, procede confirmar la calificación impugnada y considerar necesario una
aclaración del título.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
la Ley Hipotecaria.

cve: BOE-A-2024-8443
Verificable en https://www.boe.es

Madrid, 11 de abril de 2024.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, María Ester Pérez Jerez.

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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X