III. Otras disposiciones. MINISTERIO DEL INTERIOR. Comunidad de Madrid. Convenio. (BOE-A-2024-7558)
Resolución de 10 de abril de 2024, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, para el desarrollo de recursos digitales docentes compartidos enfocados a la mejora de competencias digitales en el ámbito de la transformación digital.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 93

Martes 16 de abril de 2024

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contenidas en la cláusula segunda apartados a) a i), ambos incluidos, y en la
cláusula tercera apartados a) a k), ambos incluidos. Dicha memoria se presentará
formalmente por la FUAM y, en todo caso, no se ejecutará más tarde del fin del
segundo trimestre de 2024. Otro pago de 120.000 euros (relativo a la actividad
formativa AF 4, edición del Máster en Análisis de Evidencias Digitales y Lucha
contra el Cibercrimen), con un primer desembolso por importe de 60.000 euros
que se realizará no más tarde del fin del tercer trimestre de 2024; y un segundo
desembolso por importe de los 60.000 euros restantes, que se realizará no más
tarde del fin del tercer trimestre de 2025, tras su finalización. Los efectos
económicos de esta acción formativa AF 4 se producirán una vez conste de forma
certificada el número de alumnos egresados por cada edición a la finalización de
la misma debiendo la FUAM solicitar dicha certificación al director académico y por
cada edición.»
Quinta.

Modificación de la cláusula decimoquinta del convenio.

En virtud de lo dispuesto en la cláusula duodécima del convenio de 12 de enero
de 2023, mediante la presente adenda, la cláusula decimoquinta del convenio se
sustituye por la siguiente:
«Decimoquinta.

Principios transversales del PRTR y medidas antifraude.

1. En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las
actuaciones del presente convenio se ajustarán al marco jurídico definido por:

El anexo revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de octubre
de 2023, por la que se modifica la Decisión de Ejecución del Consejo (UE)
(ST 10150/2021; ST 10150/2021 ADD 1 REV 1), de 13 de julio de 2021, relativa a
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España,
modifica el objetivo CID núm. 292 del Componente 19, Inversión 3:
«Competencias digitales para el empleo» como «300 000 personas, como mínimo,
deberán haber participado en cursos de formación sobre competencias digitales.
Cada formación deberá tener un mínimo de 150 horas». El plazo para la
consecución del mismo es el 2.º trimestre (T2) del año 2026.
Para la consecución del citado compromiso de cumplimiento de hitos y
objetivos del Gobierno de España, a día de la fecha, la Guardia Civil pretende
contribuir mediante la formación de un mínimo de 5378 guardias civiles en
competencias digitales básicas, docentes y de investigación o en el número que
se fije por la entidad decisora en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y como consecuencia del compromiso de
cumplimiento de la citada Decisión de Ejecución del Consejo (UE).
2. Campos de intervención. La medida C19.I3 contribuye al cumplimiento del
campo de intervención digital 108, con un porcentaje del 100 % (etiquetado
digital: 100 %), en virtud del documento de componente C19 y del anexo VII del
Rgto. UE 241/2021.

cve: BOE-A-2024-7558
Verificable en https://www.boe.es

– Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.