BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54

Viernes 1 de marzo de 2024

Sec. III. Pág. 25100

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE IGUALDAD
Orden IGD/183/2024, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a
proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos
con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores de edad o con
discapacidad.

La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye una grave
vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres que
atenta contra la dignidad y la libertad, y se encuentra indisolublemente unida a la
prostitución, que es el objetivo principal de esta forma de trata. La Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, según sus
siglas en inglés), aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y ratificada por España el 16 de diciembre de 1983, incluye en su
artículo 6 la obligación de los Estados de combatir la trata de mujeres y la explotación de
la prostitución ajena.
En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la
trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 y ratificado por
España el 9 de julio de 2008, refuerza las disposiciones de protección y promoción de los
derechos de las víctimas y señala que éstos deben garantizarse sin discriminación
alguna, en particular basada en el sexo, la raza, el color, la lengua, la religión, las
opiniones políticas o de otro tipo, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría
étnica, el nivel adquisitivo, el nacimiento o cualquier otra condición.
Los datos aportados por el Informe Global de Trata de Personas 2022, elaborado por
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reflejan la
dimensión mundial y trasnacional de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y
niños con fines de explotación sexual. Las cifras demuestran que la explotación sexual
continúa siendo uno de los principales fines de la trata (38,7 % de los casos
identificados) y que, de las más de 51.000 víctimas registradas a nivel global, el 60 % de
las víctimas identificadas son mujeres y niñas, que, a su vez, constituyen el 91 % de las
víctimas de explotación sexual. Estos números evidencian una incuestionable dimensión
de género de la trata con fines de explotación sexual, a la que se une frecuentemente la
discriminación interseccional que sitúa a las mujeres y niñas migrantes víctimas de trata
en situación de especial vulnerabilidad.
Según la información extraída del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la
Explotación de Seres Humanos 2021-2023 (PENTRA), nuestro país ha sido
tradicionalmente lugar de tránsito y destino para las víctimas de este delito. Esta
situación ha derivado en que se ha convertido en una de las actividades criminales más
rentables, especialmente por sus vinculaciones con la explotación sexual. Las cifras
entre 2017 y 2020 así lo avalan, pues del total de víctimas de trata de personas, un 59 %
lo eran con esta finalidad (PENTRA, 2021-2023).
Paralelamente a los compromisos internacionales asumidos por España en la
materia, han venido desarrollándose sucesivos instrumentos de planificación, con un
enfoque centrado en la víctima y desde una perspectiva de género y de promoción y
protección de los derechos humanos. El marco actual en esta materia se encuentra
fijado por el PENTRA 2021-2023, a nivel estratégico, y por el Plan Operativo para la
Protección de los Derechos Humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación
sexual y mujeres en contextos de prostitución (2022-2026), «Plan Camino», a nivel
operativo.

cve: BOE-A-2024-4060
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