BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 12 de enero de 2024

Sec. III. Pág. 3935

Asimismo, dentro de los costes directos susceptibles de ayuda, se flexibilizan las
cantidades máximas elegibles en los costes de viajes y estancias de movilidad,
permitiendo a las entidades públicas aplicar su normativa interna en la materia. Cada
convocatoria regulará los límites a aplicar a las entidades privadas.
Por último, se abordan asimismo modificaciones en los criterios de evaluación de
determinadas ayudas (anexo III) al objeto de clarificar los elementos a tener en cuenta
en situaciones de empate de puntuaciones (ayudas a la contratación de recursos
humanos), para añadir elementos de valoración de impacto en el empleo (proyectos de
investigación orientada y no orientada), colaboración con empresas (adquisición de
equipamiento científico y técnico) e impacto ambiental (proyectos estratégicos,
transferencia de conocimiento y explotación de resultados, colaboración público privada,
adquisición de equipamiento científico y técnico) y se introducen los criterios de
evaluación de la convocatoria «ATRAE».
Esta orden, se estructura en preámbulo, un artículo, una disposición transitoria y una
disposición final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, la presente orden se ajusta a los principios de buena regulación. A este
respecto, la norma se ajusta a los principios de necesidad y eficiencia, existiendo
fundadas razones de interés general para su aprobación, habida cuenta de la
importancia de las ayudas públicas estatales para el mantenimiento del Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación y la contribución de este al progreso económico y
social y su adaptación a las modificaciones legislativas descritas anteriormente. Se
atiene, igualmente, al principio de proporcionalidad, habiéndose utilizado de forma
precisa el instrumento jurídico previsto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y con el contenido regulatorio exigido en el apartado 3 de dicho artículo. Se
garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que la norma es coherente con el resto del
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, genera un marco normativo
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los gestores de
las ayudas y de los potenciales beneficiarios de las mismas. Se respeta el principio de
transparencia, toda vez que la norma será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en la página web del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y de la
Agencia Estatal de Investigación, conjuntamente con los documentos propios de su
proceso de elaboración. En aplicación del principio de eficiencia, la norma no incluye
nuevas cargas administrativas existentes en las bases reguladoras que modifica.
De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta orden ha sido objeto
del informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el
Departamento, así como de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública,
dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden CIN/1025/2022, de 27 de octubre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas
correspondientes a varios programas y subprogramas del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, cuya gestión
corresponde a la Agencia Estatal de Investigación.
La Orden CIN/1025/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas correspondientes a varios programas
y subprogramas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de

cve: BOE-A-2024-690
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Núm. 11