BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 9 de enero de 2024

Sec. I. Pág. 2396

para el que se exige estar en posesión del título de Técnico Superior. Asimismo, se
modifica la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, para mantener hasta el 31 de diciembre
de 2024 la exención de la tasa por servicios facultativos agronómicos, establecida en la
disposición final cuarta del Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían
las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional
sequía en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, y se adoptan
medidas urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario y pesquero, y
posteriormente ampliada a 2023 mediante la disposición final duodécima de la
Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2023, por cuanto se mantiene la situación de crisis económica que
afecta al sector agrario andaluz.
Finalmente, debe indicarse que las citadas medidas fiscales responden a
circunstancias de carácter económico y social propias de la Comunidad Autónoma y, por
tanto, se adoptan dentro del ámbito de las competencias normativas de la Comunidad
Autónoma sobre tributos propios y cedidos, conforme a lo establecido en el artículo 180
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión; en las condiciones previstas en la Ley 22/2009,
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias, así como a lo dispuesto en el artículo octavo de la
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público
y para la sostenibilidad.
La presente ley se aprueba de acuerdo con los principios de buena regulación,
conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al que se remite
el artículo 7 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
La necesidad de la aprobación de esta ley viene establecida por el artículo 190 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía y por el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, conforme a los
cuales la Ley del Presupuesto debe incluir la totalidad de ingresos y gastos de la Junta
de Andalucía y de los entes e instituciones de ella dependientes. De acuerdo con el
principio de eficacia, la presente ley se basa en una identificación clara de los fines
perseguidos y es el instrumento apropiado para garantizar su consecución.
Por otra parte, se cumple el principio de proporcionalidad, por ser su contenido
adecuado a la finalidad perseguida. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica,
esta norma se dicta en coherencia con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión
Europea, así como con el resto de la normativa autonómica. En su elaboración y
aprobación se ha dado cumplimiento al principio de transparencia.
Finalmente, esta ley se aprueba de acuerdo con el principio de eficiencia, a fin de
realizar una asignación equitativa de los recursos disponibles para satisfacer las
necesidades a cubrir, como establece el artículo 189 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, cumpliendo a su vez con los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Además de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos, se aprueban las
normas que directamente desarrollan o aclaran las partidas presupuestarias. Se
aprueban asimismo aquellas normas que, conforme a lo justificado anteriormente,
resultan necesarias para implementar la política económica del Gobierno. Los preceptos
de esta ley se integran de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico y
contribuyen a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación
y toma de decisiones de las personas y empresas. En concreto, tiene presente el actual
marco normativo de ámbito europeo, nacional y autonómico.

cve: BOE-A-2024-447
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Núm. 8