BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313

Sábado 30 de diciembre de 2023

Sec. III. Pág. 177403

1. INTRODUCCIÓN: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
El modelo de seguridad 2030 es el marco sobre el que pivotan todas las políticas del departamento.
Un modelo que se basa en un concepto de seguridad que integra orden público, seguridad
ciudadana, protección civil, protección internacional, seguridad vial, política penitenciaria y política
interior. Se trata de un planteamiento conceptual que busca no solo responder a las amenazas
tradicionales, sino también, a fenómenos cambiantes y transversales, como los derivados del
cambio climático, de la seguridad en la movilidad o de la propia digitalización, con eficiencia,
cercanía y preocupación por el bienestar y la seguridad en sentido amplios de la sociedad. Un
modelo que se basa en 2 ejes:
1. Asegurar nuestro entorno:
✓ A través de una política migratoria basada en la Cooperación con los países de origen y
tránsito de la inmigración y el refuerzo de la lucha contra las mafias que trafican con
personas.
✓ A través del fortalecimiento del sistema de protección civil, un servicio público que protege
a las personas y sus bienes garantizando una respuesta adecuada ante las emergencias o
catástrofes,
✓ A través de un sistema de seguridad vial para seguir reduciendo la siniestralidad en nuestras
carreteras, alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y la Estrategia de seguridad vial
de la Unión Europea y el Plan Mundial para el Decenio de Naciones Unidas
2. Garantizar la convivencia
✓ A través del reconocimiento de las víctimas del terrorismo mediante ayudas económicas, y
protección psicosocial, así como el desarrollo de diversos programas educativos y de
memoria y sensibilización social;
✓ A través de mejoras en la protección contra los delitos
✓ A través de una mejora la eficacia en la reinserción de los presos, impulsando los programas
de justicia restaurativa y favoreciendo el régimen abierto

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) establece
la obligación para los órganos de las Administraciones Públicas y cualesquiera entes públicos
responsables de la gestión de subvenciones de elaborar un plan estratégico de subvenciones (en
adelante, PES), en el que deberán concretarse los objetivos y efectos pretendidos con su aplicación,
el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

cve: BOE-A-2023-26788
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2. RÉGIMEN JURÍDICO