BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313

Sábado 30 de diciembre de 2023

Sec. III. Pág. 177413

un informe de 20201, consideraba urgente que Gobierno y Comunidades Autónomas estudiaran
cómo incrementar el servicio de atención psicológica que ofrece el Sistema Nacional de Salud (SNS)
tras constatar que la ratio de psicólogos por habitante apenas ha variado en la última década. En
su opinión, existe un ámbito asistencial que están demandando y utilizando los ciudadanos, en
beneficio de su salud mental, que está previsto en la cartera del SNS, pero que, sin embargo, las
administraciones públicas no son capaces de ofrecer, al menos en una extensión adecuada. Este
punto de vista coincide con las quejas ciudadanas llegadas a la Institución, que reflejan que existe
una insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales que se traduce en una pobre
respuesta a la fuerte demanda existente.
En cuanto al asesoramiento jurídico, la actividad de estas organizaciones se centra en dar cobertura
a los problemas legales a los que se enfrentan las víctimas y sus familiares, derivados de un
accidente de circulación, ya sea en la vía penal, civil y, en determinadas circunstancias, en la
Contencioso-Administrativa.
Hay que poner de relieve, también, la labor de reinserción sociolaboral de las víctimas que llevan a
cabo estas entidades, con especial mención a las entidades que centran su actividad en las víctimas
que han sufrido lesiones de mayor gravedad, como son las lesionadas medulares y las que han
sufrido un daño cerebral sobrevenido, y, cómo no, en sus familiares más directos que se enfrentan
en primera línea a las consecuencias de los estos siniestros.
Por otro lado, en el ámbito de la concienciación sobre seguridad vial y la prevención de
siniestros de tráfico, desarrollan proyectos que inciden en la necesidad de prevenir y erradicar los
siniestros viales, haciendo especial hincapié en los principales factores de riesgo que intervienen en
los mismos, dirigidos a la población en general, pero con una especial focalización en la población
infantil y juvenil.
En este sentido, la Ley de Educación (LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la LOE),
estrenada en el curso escolar 2022/23, ha dado un fuerte impulso y reconocimiento a la educación
vial, incorporándola a las competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación en
todos los ámbitos de la educación obligatoria y Bachillerato, y, en este impulso, las asociaciones de
víctimas de accidentes de tráfico deben seguir desarrollando su importantísimo papel como
protagonistas de primera mano de las consecuencias que origina el incumplimiento de las normas
viales y como prescriptores de la necesidad de respeto a las mismas.

Para impulsar la actividad y los proyectos realizados por las entidades cuyo objeto primordial sea la
atención, defensa o representación de las víctimas de accidentes de tráfico, es decir, para potenciar
el protagonismo e implicación de la sociedad civil en la disminución de los accidentes de tráfico, no
existen otros instrumentos alternativos a los de la subvención.
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https://www.defensordelpueblo.es/noticias/salud-mental/

cve: BOE-A-2023-26788
Verificable en https://www.boe.es

-Valoración de los distintos instrumentos alternativos para la consecución de los objetivos
estratégicos y que ha llevado a la elección de la figura de la subvención: