BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 29 de diciembre de 2023

Sec. III. Pág. 176923

para la comunicación de la adhesión se harán públicos en la página web de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación Internacional. Este período de adhesión se entenderá
sin perjuicio de la facultad de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional para, con carácter excepcional, autorizar la apertura de nuevos períodos de
adhesión.
En los quince días siguientes al transcurso del plazo de quince días establecido en
los dos párrafos anteriores, la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
mediante resolución, ordenará la publicación del listado de entidades y prestamistas
adheridos en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional y en el «Boletín Oficial del Estado». Las posteriores variaciones se
publicarán mensualmente en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional y en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que no hubiera
modificación alguna.
3. De conformidad con el apartado 9 del artículo 4 del Real Decreto-ley 19/2022,
de 22 de noviembre, los sujetos adheridos informarán adecuadamente a sus clientes
sobre esta modificación, su adhesión o no al Código de Buenas Prácticas y la posibilidad
de acogerse a lo dispuesto en el Código.
EXPOSICIÓN
En el proceso de adaptación de los hogares a las nuevas condiciones financieras
durante el último año debe destacarse el hito de la aprobación del Real
Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas
Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre
vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras
medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
El Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, reforzó los instrumentos
preventivos a disposición de los hogares en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia
del aumento de tipos de interés, ampliando el Código de Buenas Prácticas aprobado
mediante el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 marzo, y creando un nuevo Código de Buenas
Prácticas de carácter temporal, vigente hasta diciembre de 2024, destinado a proteger a
los hogares que, sin ser vulnerables, están en riesgo de serlo a causa de la evolución del
entorno económico, proporcionando un marco preventivo a los hogares que cumplieran
con determinados requisitos que les permitiera hacer frente a posibles situaciones de
estrés financiero al mismo tiempo que se preservaba la estabilidad financiera.
Durante 2022, el volumen acumulado en el año de deuda pendiente vinculada a
solicitudes al Código de Buenas prácticas para deudores hipotecarios en dificultades
previsto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 marzo ascendió a 589 millones de euros
(correspondiente a cerca de 5.800 operaciones), mientras que, hasta julio de 2023, el
número de solicitudes recibidas entre ambos códigos de buenas prácticas ascendió
a 42.800 por un importe agregado de 5.367 millones de euros, de los que el 46 %,
corresponden al nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en
riesgo de vulnerabilidad, previsto en el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre.
Se aprecia, por tanto, un notable impulso en el recurso a esta facilidad por parte de
los deudores hipotecarios, tanto por la ampliación del perímetro de hogares vulnerables
–el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en dificultades previsto en el
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 marzo, tiene en estos primeros siete meses de 2023 más
solicitudes que las que tuvo en todo 2022, y queda cerca de los datos anuales de
solicitudes observados para este durante los años posteriores a la crisis financiera
global, cuando se instauró– como por el nuevo acceso que para los hogares en riesgo de
vulnerabilidad ofrece por vez primera el Código de Buenas Prácticas de medidas
urgentes para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, previsto en el Real
Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 22 de noviembre de 2022. Todo ello evidencia la oportunidad de las

cve: BOE-A-2023-26711
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