BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 25 de octubre de 2023

Sec. III. Pág. 140740

4. Conforme resulta de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública de fecha 12 de mayo de 2022: “El registrador calificará si el título contiene
todas las circunstancias que debe contener el asiento, conforme al artículo 21 de la Ley
Hipotecaria y que las declaraciones son exactas.
Estas circunstancias se regulan en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del
Reglamento Hipotecario. Entre ellas las relativas a la descripción de la finca, la cual ha
de hacerse como determina el artículo 9.a) y.b), redactados por la Ley 13/2015, con su
situación física, naturaleza, linderos, superficie, referencia catastral, incorporación de la
georreferenciación y estado de coordinación gráfica de la finca con el Catastro.
Por tanto, el título debe contener una serie de declaraciones sobre la descripción de
la finca, como la referencia catastral, acreditada a través de la certificación catastral
descriptiva y gráfica, obtenida principalmente por medios telemáticos, que se incorpora al
título, conforme al artículo 3 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que
acredita, entre otras circunstancias la representación gráfica de la parcela, a través del
archivo GML contenido en el anexo. Respecto de ella, el otorgante debe hacer una serie
de declaraciones a pregunta del notario sobre su coincidencia o no con la realidad física
del inmueble, conforme al artículo 18.2 del texto refundido de la Ley de Catastro
Inmobiliario.
Si coincide, se describirá el inmueble en términos coincidentes con los de la
certificación catastral, lo que implica una rogación tácita de rectificación de la descripción
y de incorporación de la representación gráfica georreferenciada, como ha declarado la
Resolución Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de
noviembre de 2015, siempre que la calificación del registrador sea positiva.
Si no coincide, se procederá a subsanar las discrepancias conforme al procedimiento
previsto en el artículo 18.3, que no puede producir ninguna repercusión registral, pues la
incorporación de esa georreferenciación requiere la aportación de una
georreferenciación alternativa a la catastral y la incoación de un expediente del
artículo 199 ante el registrador o del artículo 201.1 ante el notario.
Y si se declara que no se puede afirmar tal circunstancia, se mantendrá la
descripción del título anterior o la que figure en el Registro, sin que ello pueda excluir la
calificación registral gráfica y la incorporación de la georreferenciación de la finca al
asiento, cuando el registrador no tenga ninguna sobre la correspondencia de la
georreferenciación aportada con la descripción registral de la finca, conforme al
artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria, pues precisamente uno de los objetivos de la
Ley 13/2015 es la mejora en la descripción y representación gráfica de los bienes
inmuebles, cuya consecución y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de los
particulares.
Desde el punto de vista del registrador, todas las declaraciones han de someterse al
tamiz de su calificación.
Indudablemente, la Ley 13/2015 ha completado la fase de calificación del
procedimiento registral con una parte referida a la descripción de la finca, que incluye su
georreferenciación, lo que la doctrina registral denomina calificación registral gráfica
integrada por tres operaciones diferentes, que deben terminar con tres decisiones del
registrador: la inscripción de la referencia catastral, la incorporación de la
georreferenciación y la constancia del estado de coordinación de la finca con la parcela
catastral. Como operación del procedimiento registral, esta fase no puede ser excluida
por la voluntad de los particulares. Así, como declararon las Resoluciones de este Centro
Directivo de 6 de mayo y 3 de octubre de 2014, el principio de voluntariedad de la
inscripción no significa que el interesado pueda elegir a su voluntad qué normas del
procedimiento registral le son más favorables aplicando solo éstas. Y según las de 8 de
mayo y 2 de junio de 2017, la sola presentación del título en el Registro implica la
petición de extensión de todos los asientos que puedan practicarse, siendo competencia
del registrador determinar cuáles sean éstos, sin imponerse exigencias formales
añadidas. Así lo entendió en su fundamento de Derecho tercero la última de las
Resoluciones citadas, cuando declaró: “En cuanto al fondo del asunto, se plantea si se

cve: BOE-A-2023-21883
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Núm. 255