I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. Bienestar ecológico, económico y social. (BOE-A-2023-13804)
Ley 10/2023, de 5 de abril, de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139
Lunes 12 de junio de 2023
Sec. I. Pág. 83009
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
13804
Ley 10/2023, de 5 de abril, de bienestar para las generaciones presentes y
futuras de las Illes Balears.
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 1987, las Naciones Unidas, en el llamado informe Brundtlant, formalizaron
el concepto de desarrollo sostenible definiéndolo como «el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades».
En los años ochenta del siglo XX, aconteció una idea innovadora que, en
contraposición con el desarrollo clásico, presentaba el desarrollo sostenible como
reconciliador entre las vertientes económica, social y ambiental.
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, con ella, 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Los ODS son objetivos interrelacionados de carácter ambiental, social
y económico que se tienen que cumplir antes del año 2030. Con este acuerdo histórico
de 193 países, se puso de manifiesto que hay una creciente conciencia sobre la
necesidad de contar con un verdadero desarrollo sostenible, que no deje a nadie atrás y
que proteja los recursos naturales para asegurar un medio ambiente digno a las
generaciones futuras. Igualmente dejó claro que el desarrollo sostenible y la acción
climática están vinculados y ambos son fundamentales para el bienestar presente y
futuro de la humanidad.
Las referencias al desarrollo sostenible aparecen de manera reiterada en la
normativa europea, estatal y autonómica. Prueba de ello son las referencias expresas en
la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, que considera que el desarrollo sostenible tiene que ser uno de los
principios rectores de la actividad pública.
El mundo se encamina hacia un escenario ecológico complejo que, sin duda, viene
marcado por el cambio climático antropogénico. Por este motivo, en los últimos años se
han tomado acuerdos y medidas a escala global, regional y local para mitigar este
proceso. El Acuerdo de París del año 2015, impulsado bajo la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, actualizó los objetivos del Protocolo de
Kioto pactados en 1997. Desde entonces, y gracias al aumento de la conciencia
medioambiental por los llamamientos constantes de movimientos ecologistas y
científicos de todo el mundo, estados y regiones han aprobado declaraciones, leyes,
planes y normas para luchar contra el desafío climático y el colapso ecológico.
Las Illes Balears fueran pioneras con la aprobación de la Ley 10/2019, de 22 de
febrero, de cambio climático y transición energética, y con la declaración de emergencia
climática por parte del Gobierno de las Illes Balears, el 8 de noviembre de 2019. Esta
declaración surge de la necesidad de establecer políticas reales y eficaces capaces de
minimizar el cambio climático en base al Acuerdo de París de la Convención de las
Naciones Unidas.
cve: BOE-A-2023-13804
Verificable en https://www.boe.es
I
Núm. 139
Lunes 12 de junio de 2023
Sec. I. Pág. 83009
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
13804
Ley 10/2023, de 5 de abril, de bienestar para las generaciones presentes y
futuras de las Illes Balears.
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 1987, las Naciones Unidas, en el llamado informe Brundtlant, formalizaron
el concepto de desarrollo sostenible definiéndolo como «el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades».
En los años ochenta del siglo XX, aconteció una idea innovadora que, en
contraposición con el desarrollo clásico, presentaba el desarrollo sostenible como
reconciliador entre las vertientes económica, social y ambiental.
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, con ella, 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Los ODS son objetivos interrelacionados de carácter ambiental, social
y económico que se tienen que cumplir antes del año 2030. Con este acuerdo histórico
de 193 países, se puso de manifiesto que hay una creciente conciencia sobre la
necesidad de contar con un verdadero desarrollo sostenible, que no deje a nadie atrás y
que proteja los recursos naturales para asegurar un medio ambiente digno a las
generaciones futuras. Igualmente dejó claro que el desarrollo sostenible y la acción
climática están vinculados y ambos son fundamentales para el bienestar presente y
futuro de la humanidad.
Las referencias al desarrollo sostenible aparecen de manera reiterada en la
normativa europea, estatal y autonómica. Prueba de ello son las referencias expresas en
la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, que considera que el desarrollo sostenible tiene que ser uno de los
principios rectores de la actividad pública.
El mundo se encamina hacia un escenario ecológico complejo que, sin duda, viene
marcado por el cambio climático antropogénico. Por este motivo, en los últimos años se
han tomado acuerdos y medidas a escala global, regional y local para mitigar este
proceso. El Acuerdo de París del año 2015, impulsado bajo la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, actualizó los objetivos del Protocolo de
Kioto pactados en 1997. Desde entonces, y gracias al aumento de la conciencia
medioambiental por los llamamientos constantes de movimientos ecologistas y
científicos de todo el mundo, estados y regiones han aprobado declaraciones, leyes,
planes y normas para luchar contra el desafío climático y el colapso ecológico.
Las Illes Balears fueran pioneras con la aprobación de la Ley 10/2019, de 22 de
febrero, de cambio climático y transición energética, y con la declaración de emergencia
climática por parte del Gobierno de las Illes Balears, el 8 de noviembre de 2019. Esta
declaración surge de la necesidad de establecer políticas reales y eficaces capaces de
minimizar el cambio climático en base al Acuerdo de París de la Convención de las
Naciones Unidas.
cve: BOE-A-2023-13804
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