III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Subvenciones. (BOE-A-2023-13074)
Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se fijan los criterios de distribución territorial y las cuantías resultantes entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado a la financiación en 2023 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 130
Jueves 1 de junio de 2023
Sec. III. Pág. 76779
Denominación
programa social
Aplicación
económica del
PGE
https://www.boe.es
Denominación
aplicación
Asignación Compromiso de
(euros)
crédito
(1)
(2)
Obligaciones
reconocidas
(3)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Pagos
realizados
(4)
Remanentes
(1)-(2)
Obligaciones
pendientes de
pago
(3)-(4)
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-A-2023-13074
Verificable en https://www.boe.es
transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en el
origen como remanentes que serán descontados de la cantidad que corresponda
transferir a la Comunidad Autónoma». El referido estado de ejecución o certificado de
remanentes será remitido por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
que participen en la financiación de los programas sociales, al Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, a través del centro directivo u organismo competente.
Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél, en primer lugar, a hacer efectivas
las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el
sobrante que no estuviere comprometido se reintegrará al Estado.
En cualquier caso, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla
que gestionen los créditos referidos en este Acuerdo deberán proceder a un adecuado
control de los mismos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los fondos
percibidos por el beneficiario. Para ello, las comunidades autónomas y las ciudades de
Ceuta y de Melilla informarán al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la
puesta en marcha de los proyectos financiados, así como de cualquier otra incidencia o
modificación que afecte a su desarrollo o ejecución.
De conformidad con lo establecido en la regla séptima del número 2 del artículo 86
de la Ley General Presupuestaria: «finalizado el ejercicio económico, y no más tarde
del 31 de marzo del ejercicio siguiente, las Comunidades Autónomas remitirán al
departamento ministerial correspondiente un estado de ejecución del ejercicio, indicando
las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos
realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del
Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de
fondos, La información será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y
tendida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos».
Presentarán, así mismo, una memoria de evaluación financiera y técnica de cada
proyecto en los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio presupuestario, es
decir las CCAA deberán presentar a 30 de junio los datos de ejecución del crédito del
año en cuestión para conformar la memoria que se publicará.
Ambas administraciones participarán en el seguimiento y evaluación de los proyectos
financiados a través de la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
Las administraciones, General del Estado y autonómicas, harán pública, a través de
los correspondientes medios oficiales, la aplicación presupuestaria destinada a financiar
los proyectos y la Administración General del Estado hará pública la resolución definitiva
de los proyectos aprobados y financiados por cada comunidad autónoma y las ciudades
de Ceuta y de Melilla.
Asimismo, en la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social
sobre las actuaciones derivadas de estos programas se hará constar expresamente que
éstos se llevan a cabo en virtud de la financiación establecida entre el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad autónoma o ciudad.
El estado de ejecución o certificado de remanentes, firmado por el o la titular del
centro directivo que gestione los créditos y adverado por el interventor, se ajustará al
modelo siguiente:
Núm. 130
Jueves 1 de junio de 2023
Sec. III. Pág. 76779
Denominación
programa social
Aplicación
económica del
PGE
https://www.boe.es
Denominación
aplicación
Asignación Compromiso de
(euros)
crédito
(1)
(2)
Obligaciones
reconocidas
(3)
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Pagos
realizados
(4)
Remanentes
(1)-(2)
Obligaciones
pendientes de
pago
(3)-(4)
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-A-2023-13074
Verificable en https://www.boe.es
transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en el
origen como remanentes que serán descontados de la cantidad que corresponda
transferir a la Comunidad Autónoma». El referido estado de ejecución o certificado de
remanentes será remitido por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
que participen en la financiación de los programas sociales, al Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, a través del centro directivo u organismo competente.
Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél, en primer lugar, a hacer efectivas
las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el
sobrante que no estuviere comprometido se reintegrará al Estado.
En cualquier caso, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla
que gestionen los créditos referidos en este Acuerdo deberán proceder a un adecuado
control de los mismos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los fondos
percibidos por el beneficiario. Para ello, las comunidades autónomas y las ciudades de
Ceuta y de Melilla informarán al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de la
puesta en marcha de los proyectos financiados, así como de cualquier otra incidencia o
modificación que afecte a su desarrollo o ejecución.
De conformidad con lo establecido en la regla séptima del número 2 del artículo 86
de la Ley General Presupuestaria: «finalizado el ejercicio económico, y no más tarde
del 31 de marzo del ejercicio siguiente, las Comunidades Autónomas remitirán al
departamento ministerial correspondiente un estado de ejecución del ejercicio, indicando
las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos
realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del
Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de
fondos, La información será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y
tendida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos».
Presentarán, así mismo, una memoria de evaluación financiera y técnica de cada
proyecto en los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio presupuestario, es
decir las CCAA deberán presentar a 30 de junio los datos de ejecución del crédito del
año en cuestión para conformar la memoria que se publicará.
Ambas administraciones participarán en el seguimiento y evaluación de los proyectos
financiados a través de la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
Las administraciones, General del Estado y autonómicas, harán pública, a través de
los correspondientes medios oficiales, la aplicación presupuestaria destinada a financiar
los proyectos y la Administración General del Estado hará pública la resolución definitiva
de los proyectos aprobados y financiados por cada comunidad autónoma y las ciudades
de Ceuta y de Melilla.
Asimismo, en la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social
sobre las actuaciones derivadas de estos programas se hará constar expresamente que
éstos se llevan a cabo en virtud de la financiación establecida entre el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad autónoma o ciudad.
El estado de ejecución o certificado de remanentes, firmado por el o la titular del
centro directivo que gestione los créditos y adverado por el interventor, se ajustará al
modelo siguiente: