BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122

Martes 23 de mayo de 2023

Sec. I. Pág. 70816

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
12085

Decreto-ley 2/2023, de 23 de febrero, por el que se aprueba el abono de una
prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No
Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de
Ingresos Mínimos residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, para
paliar los efectos sociales derivados de la pandemia producidos por la
COVID-19 durante el año 2022, así como se modifican puntualmente algunos
aspectos de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de Renta Canaria de
Ciudadanía.

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-ley 2/2023,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las
personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos residentes en la Comunidad Autónoma de
Canarias, para paliar los efectos sociales derivados de la pandemia producidos por la
COVID-19 durante el año 2022, así como se modifican puntualmente algunos aspectos de la
Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de Renta Canaria de Ciudadanía, ordenando a la ciudadanía
y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
PREÁMBULO

El Gobierno de Canarias aprobó el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Posteriormente, aquel
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, fue sustituido por la vigente Ley 3/2020, de 27 de
octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de
modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
A raíz de la citada pandemia, uno de los colectivos más afectados han sido las
personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC),
tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del
Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), ya que se encuentran en una situación
generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la
situación de la pandemia como pueden ser la adquisición de mascarillas, geles
hidroalcohólicos, guantes, productos desinfectantes, o para la realización de pruebas de
diagnóstico para la detección de la COVID-19, y en general, aquellos otros relacionados
con la cobertura de necesidades básicas relacionadas con la atención a esta enfermedad.
Para dichos colectivos, en el año 2020 ya el Gobierno tuvo la oportunidad de aprobar
el Decreto-ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecían medidas urgentes
para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una
prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del
fondo de asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la
prestación canaria de inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, que
tuvo por finalidad el establecimiento de una prestación social puntual de carácter finalista
y extraordinaria para la adquisición de material de protección frente a la pandemia, así
como a cubrir otras necesidades básicas relacionadas con esta enfermedad, destinada a
las personas que percibían en Canarias dichas prestaciones sociales.

cve: BOE-A-2023-12085
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