III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Convenios. (BOE-A-2023-11877)
Resolución de 10 de mayo de 2023, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, por el que se canaliza una subvención nominativa para la gestión y funcionamiento del Observatorio Estatal de la Discapacidad.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 19 de mayo de 2023
Sec. III. Pág. 69339
El IMV ha de contemplarse en relación con las políticas de garantía de derechos y
protección económica de la ciudadanía, incluyendo a los colectivos más vulnerables,
entre los que se cuentan, a este respecto, las personas con discapacidad.
En este sentido, el artículo 39 de la Constitución Española determina que los poderes
públicos deben «garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia» y el
artículo 41 establece que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de
Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad».
Por su parte, el artículo 28 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad reconoce «el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, […], y a la mejora
continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad».
Asimismo, conforme a ese artículo 28, «Los Estados Parte reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin
discriminación por motivos de discapacidad».
Existen otras normas y referencias de política que establecen compromisos de
protección económica e inclusión ciudadana, algunas referidas de manera específica a
las personas con discapacidad, y entre ellas de manera específica a las mujeres con
discapacidad, por su situación de discriminación múltiple e interseccional.
Las personas y hogares con miembros con discapacidad experimentan un mayor
riesgo de exclusión social y pobreza. Diferentes estudios documentan los mayores
gastos asociados a las situaciones de discapacidad, por la necesidad servicios, apoyos y
dedicación necesaria para desenvolverse en su vida cotidiana.
A estos gastos extra corresponde añadir el coste de oportunidad por la mayor
dedicación de tiempo en las familias en las que convive alguna persona con
discapacidad.
A este respecto, el 33 % de las personas con discapacidad vivía en 2021 en situación
de riesgo de pobreza o exclusión social, 5,2 puntos porcentuales por encima de la
población general, según datos elaborados por el Observatorio sobre Discapacidad y
Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet, 2022). El porcentaje aumenta
significativamente si nos circunscribimos al corte de edad comprendido entre los 16 y
los 64 años (38,2 %) fundamentalmente por dispararse la tasa referida a la baja
intensidad laboral del colectivo.
En este contexto de partida se plantea el estudio «Las personas con discapacidad en
el Ingreso Mínimo Vital y demás rentas mínimas de inclusión», con el objetivo principal
de analizar el diseño y aplicación del Ingreso Mínimo Vital y de las demás rentas
mínimas de inclusión en relación con las personas con discapacidad.
Los objetivos específicos son:
1. Analizar el diseño político-administrativo del IMV y demás rentas mínimas de
inclusión, considerando aspectos como su compatibilidad con otras percepciones, o el
reconocimiento de requerimientos específicos de las personas con discapacidad en
relación con el marco comparativo de políticas vigentes en este ámbito, a escala
internacional, europea y nacional
2. Analizar la aplicación e incidencia del IMV y demás rentas mínimas de inclusión
ante las situaciones de exclusión económica y bajos ingresos de las personas con
discapacidad, considerando los costes económicos añadidos que supone esta
circunstancia para personas y familias.
3. Desprender propuestas de mejora del IMV y otras rentas mínimas de inclusión
de cara al cumplimiento de sus objetivos con respecto a las personas con discapacidad.
El estudio tendrá en cuenta la situación de mujeres con discapacidad, mayores y familias
en el diseño y aplicación de estos instrumentos de inclusión social, así como el
tratamiento de otras minorías perceptoras del IMV. Se contemplarán, asimismo, otras
políticas/rentas mínimas de inserción en el ámbito europeo.
cve: BOE-A-2023-11877
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 119
Viernes 19 de mayo de 2023
Sec. III. Pág. 69339
El IMV ha de contemplarse en relación con las políticas de garantía de derechos y
protección económica de la ciudadanía, incluyendo a los colectivos más vulnerables,
entre los que se cuentan, a este respecto, las personas con discapacidad.
En este sentido, el artículo 39 de la Constitución Española determina que los poderes
públicos deben «garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia» y el
artículo 41 establece que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de
Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad».
Por su parte, el artículo 28 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad reconoce «el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, […], y a la mejora
continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad».
Asimismo, conforme a ese artículo 28, «Los Estados Parte reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin
discriminación por motivos de discapacidad».
Existen otras normas y referencias de política que establecen compromisos de
protección económica e inclusión ciudadana, algunas referidas de manera específica a
las personas con discapacidad, y entre ellas de manera específica a las mujeres con
discapacidad, por su situación de discriminación múltiple e interseccional.
Las personas y hogares con miembros con discapacidad experimentan un mayor
riesgo de exclusión social y pobreza. Diferentes estudios documentan los mayores
gastos asociados a las situaciones de discapacidad, por la necesidad servicios, apoyos y
dedicación necesaria para desenvolverse en su vida cotidiana.
A estos gastos extra corresponde añadir el coste de oportunidad por la mayor
dedicación de tiempo en las familias en las que convive alguna persona con
discapacidad.
A este respecto, el 33 % de las personas con discapacidad vivía en 2021 en situación
de riesgo de pobreza o exclusión social, 5,2 puntos porcentuales por encima de la
población general, según datos elaborados por el Observatorio sobre Discapacidad y
Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet, 2022). El porcentaje aumenta
significativamente si nos circunscribimos al corte de edad comprendido entre los 16 y
los 64 años (38,2 %) fundamentalmente por dispararse la tasa referida a la baja
intensidad laboral del colectivo.
En este contexto de partida se plantea el estudio «Las personas con discapacidad en
el Ingreso Mínimo Vital y demás rentas mínimas de inclusión», con el objetivo principal
de analizar el diseño y aplicación del Ingreso Mínimo Vital y de las demás rentas
mínimas de inclusión en relación con las personas con discapacidad.
Los objetivos específicos son:
1. Analizar el diseño político-administrativo del IMV y demás rentas mínimas de
inclusión, considerando aspectos como su compatibilidad con otras percepciones, o el
reconocimiento de requerimientos específicos de las personas con discapacidad en
relación con el marco comparativo de políticas vigentes en este ámbito, a escala
internacional, europea y nacional
2. Analizar la aplicación e incidencia del IMV y demás rentas mínimas de inclusión
ante las situaciones de exclusión económica y bajos ingresos de las personas con
discapacidad, considerando los costes económicos añadidos que supone esta
circunstancia para personas y familias.
3. Desprender propuestas de mejora del IMV y otras rentas mínimas de inclusión
de cara al cumplimiento de sus objetivos con respecto a las personas con discapacidad.
El estudio tendrá en cuenta la situación de mujeres con discapacidad, mayores y familias
en el diseño y aplicación de estos instrumentos de inclusión social, así como el
tratamiento de otras minorías perceptoras del IMV. Se contemplarán, asimismo, otras
políticas/rentas mínimas de inserción en el ámbito europeo.
cve: BOE-A-2023-11877
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 119
