BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 25 de abril de 2023

Sec. I. Pág. 57426

Capítulo se pretende impulsar los acuerdos voluntarios de carácter social en materia de
alimentación y la realización de medidas específicas que promuevan el compostaje y el
desarrollo de bioindustrias.
Entre los recursos más importantes para Andalucía se encuentra, sin duda, el agua,
cuya gestión constituye un reto actual y futuro, derivado de los problemas de su
disponibilidad y reutilización. Partiendo de la aplicación de los principios de economía
circular en la gestión del ciclo integral del agua, el Capítulo VI pretende un
aprovechamiento eficiente del agua, la aplicación de sistemas circulares de consumo, el
fomento de la gestión sostenible del drenaje pluvial y la utilización de aguas
regeneradas, con especial atención a las masas de agua clasificadas en mal estado, así
como al uso de lodos de depuradora.
En el Capítulo VII, referente a construcción y edificios, se establecen los principios,
criterios y herramientas para el fomento de la circularidad en el sector, desde la fase de
diseño hasta la gestión de los residuos producidos en la actividad de la obra tanto
pública como privada.
El Título VI regula la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación sobre
economía circular, así como el impulso y la adopción de medidas específicas orientadas
al fomento de dichas prácticas dentro de la Comunidad Autónoma. Para la
materialización de la economía circular se hacen necesarias la generación de
conocimiento y la aplicación práctica del mismo, a través de la contribución y confluencia
de todos los sectores implicados, como centros de investigación, universidades, sector
privado y tejido asociativo diverso en el que confluyen oferta y demanda de soluciones e
innovaciones técnicas destinadas a tal fin.
El Título VII está dedicado a la responsabilidad, vigilancia, inspección, control y
régimen sancionador, coherente con el enfoque de esta Ley y con los principios que la
inspiran. Se divide en tres capítulos. En el primero de ellos se establecen las
disposiciones generales en esta materia; en el segundo se define el régimen
sancionador, estableciendo el alcance y la cuantía de las responsabilidades por
infracciones; y en el tercer Capítulo se determinan las responsabilidades por infracciones
y las normas especiales del procedimiento sancionador.
La Ley finaliza con seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y quince disposiciones finales.
La disposición adicional primera declara de utilidad pública e interés social el
establecimiento o ampliación de instalaciones de residuos. La disposición adicional
segunda establece la modificación de la relación de puestos de trabajo necesaria para la
Oficina Andaluza de Economía Circular. En la disposición adicional tercera se establece
la obligación de relación, a través de medios electrónicos, con la Administración para los
procedimientos administrativos en diversas materias. La disposición adicional cuarta se
refiere al tratamiento presupuestario del Impuesto sobre el depósito de residuos en
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. La disposición adicional
quinta presenta los plazos para los planes locales de economía circular. Y, por fin, en la
disposición adicional sexta se establece el plazo máximo para la elaboración de la
Estrategia Andaluza para la Economía Circular, prevista en el artículo 8.
En la disposición transitoria primera se establece la vigencia para las autorizaciones
de fin de la condición de residuo anteriores a la Ley. La disposición transitoria segunda
regula una demora de dos años para la adaptación de las ordenanzas municipales.
Las disposiciones finales primera a octava modifican diversas disposiciones legales o
reglamentarias, previendo la disposición final novena que las determinaciones incluidas
en las normas reglamentarias que son objeto de modificación podrán ser modificadas, a
su vez, mediante normas de rango reglamentario. La disposición final décima recoge la
habilitación genérica para el desarrollo reglamentario de la Ley y la previsión del
desarrollo reglamentario en materia de inclusión de cláusulas medioambientales en las
distintas fases del proceso de contratación, previstas en el Capítulo III del Título II, sobre
contratación pública ecológica. En la disposición final undécima se fija el plazo de un año
para aprobar las normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas de

cve: BOE-A-2023-9957
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Núm. 98