BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 89

Viernes 14 de abril de 2023

Sec. III. Pág. 53244

para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen, y
al efecto,
EXPONEN
I. Que la Constitución Española establece en su artículo 25.2 que el fin primordial
de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad es la reeducación y
reinserción social, y que, además, las personas penadas tendrán derecho a un trabajo
remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. Asimismo, en el
artículo 35 se formula el derecho al trabajo de todas las personas españolas.
II. Que la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria
establece en su artículo 27.c) que el trabajo de las personas reclusas podrá realizarse en
«régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares de acuerdo con la
legislación vigente».
III. Que las cooperativas de trabajo asociado y de iniciativa social en concreto, y la
Economía Social, en general, son formas de organización empresarial profundamente
democráticas, con fuerte compromiso social y que fomentan el empleo de calidad y, por
ello, son estructuras empresariales adecuadas para favorecer la reeducación y la
reinserción social de las personas que han cometido delitos, permitiéndoles ejercer una
actividad profesional de forma colectiva, participativa y democrática.
IV. Que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es el Departamento encargado
de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de empleo, de
relaciones laborales, de economía social y de responsabilidad social de las empresas, en
virtud del Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
V. Que corresponde al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del
Gobierno de Navarra fomentar la rehabilitación y reinserción de personas delincuentes
en el ámbito de las competencias de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, en virtud del Decreto Foral 266/2019, de 30 de octubre, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
VI. Que la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en su artículo 58.1.a), contempla que
corresponde a Navarra la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria,
lo que ha conllevado el ejercicio continuado en el tiempo de aspectos determinados de
tales competencias, incluyendo la participación y la aportación de recursos y programas
orientados al cumplimiento de la finalidad reinsertadora de las penas privativas de
libertad. En este sentido, se ha suscrito con fecha 17 de noviembre de 2022, un
Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de
Navarra, para el desarrollo de programas de formación en el Centro Penitenciario de
Pamplona en el ámbito de la economía social y la transición ecológica.
VII. Por lo expuesto, y colaborando conforme a los principios de buena fe y eficacia,
las partes arriba indicadas suscriben el presente convenio (en adelante, el «convenio»),
que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto impulsar la inserción laboral de personas
reclusas y exreclusas, residentes en la Comunidad Foral de Navarra, mediante su
participación en fórmulas empresariales de Economía Social.

cve: BOE-A-2023-9192
Verificable en https://www.boe.es

Primera.