BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 3 de abril de 2023

Sec. III. Pág. 48989

en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, de acuerdo con lo
previsto en el art. 37.4 del RD Ley 36/2020.
– Las Comunidades Autónomas serán responsables del seguimiento de las
inversiones a través del seguimiento contable de los gastos imputados a las medidas
financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (artículo 46 RDLey 36/2020).
– Las Comunidades Autónomas deberán ejecutar y mantener una adecuada pista de
auditoría de la ejecución del gasto, los respectivos objetivos, hitos e indicadores que se
vaya fijando para la correcta ejecución de los créditos.
– En cumplimiento de lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así como de lo requerido
en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento
anexo, las comunidades autónomas garantizarán el respeto al principio de no causar un
perjuicio significativo al medioambiente (DNSH) y el etiquetado climático.
Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en el
componente 11, inversión 2, en la que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo
referido al principio DNSH como al etiquetado climático y digital, y especialmente las
recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan y en el
anexo a la CID.
– Las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia tienen la obligación de
sometimiento a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que actúen
bajo su coordinación o responsabilidad.
– Las comunidades autónomas quedan sometidas a la corresponsabilidad en el
cumplimiento de los objetivos tanto CID como OA, su calendario, así como facilitar los
indicadores que permitan valorar su cumplimiento.
– De acuerdo con el artículo 7.séptima de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2023, los ingresos por transferencias recibidas
de la Administración General del Estado, procedentes del Mecanismo para la
Recuperación y Resiliencia están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas
de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, por lo que en caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento
total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los
fondos recibidos al Tesoro Público.
– En todo caso, se cumplirá con lo establecido en la normativa nacional reguladora
de la protección de datos, conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
– En la medida en que lo permitan los instrumentos jurídicos en ejecución de los
créditos, las Comunidades Autónomas velarán por la inclusión de procedimientos que
favorezcan la participación de las PYMES, a través de criterios de simplificación de los
requisitos de solvencia económica y técnica, en especial para las empresas de nueva
creación, división de los contratos en lotes como regla general, plazos de garantía
proporcionales, entre otros.
– En la medida en que lo permitan los instrumentos jurídicos en ejecución de los
créditos, de acuerdo con la normativa aplicable, las CC. AA. procurarán que se incentive
la creación de empleo en España, y que las nuevas tecnologías que se usen en la
digitalización a desplegar provengan de proveedores ubicados en la Unión Europea.

cve: BOE-A-2023-8397
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Núm. 79