BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 3 de abril de 2023

Sec. III. Pág. 49139

Séptima. Gastos subvencionables y justificación de la subvención recibida.
Se financiarán las actuaciones señaladas en el anexo de este convenio.
Se entenderán como gastos subvencionables todos aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, se destinen a alcanzar el objetivo
de la rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, mediante la realización de
actividades subvencionables y resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del
plazo establecido por las correspondientes resoluciones de concesión.
Se entenderán como gastos de implementación los que la entidad beneficiaria podrá
destinar para cumplir los hitos y objetivos acordados.
A título indicativo, la guía de la Comisión Europea relaciona los costes de las
actuaciones preparatorias previas que fueran necesarias para establecer la prestación
de servicios, suministro de bienes o la realización de las actividades correspondientes, o
el coste de asistencias técnicas externas, hasta un máximo de un 2 %, cuando sean
contratadas directamente, como consultores, si están directamente relacionadas y son
esenciales para el desarrollo de las actuaciones, siempre que estén bien justificadas, y
no impliquen una externalización de tareas gubernamentales esenciales relacionadas
con la consecución de los hitos y objetivos. No tendrán la consideración de costes
indirectos imputables los gastos de gestión correspondientes a gastos de constitución,
funcionamiento o estructura permanente o habitual de las entidades que se encarguen
de la gestión de las actuaciones objeto de este acuerdo.
Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que
cumplan la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos
cuando sean susceptibles de compensación o recuperación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7, regla Quinta, tercer párrafo de la
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la
financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los
proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución total o parcial de los
proyectos y contratar y subcontratar, hasta el 50 % del importe de esta subvención. Podrá
llevar a cabo procedimientos de contratación pública que en todo caso, deberán sujetarse
a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; así como a la
normativa en materia de ayudas de Estado, así como a lo establecido en el Real Decretoley 36/2020, de 30 de diciembre, y en las Órdenes HFP 1030/2021 y HFP 1031/2021,
de 29 de septiembre. Conforme a lo previsto en el Real Decreto 1011/2022, de 5 de
diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la
financiación de las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el que se
modifican diversos reales decretos en materia turística en caso de que un contratista lleve
a cabo parte o la totalidad de la actividad objeto habrá de prever los mecanismos para
asegurar que tanto ellos como los posibles subcontratistas cumplan con el principio de «no
causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
Las entidades subcontratadas deberán comprometerse a cumplir con los
estándares más exigentes en relación a las normas jurídicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses, cumplimentando una Declaración de Ausencia de
Conflicto de Intereses (DACI) así como a respetar los principios de economía circular
y evitar impactos negativos significativos en medio ambiente («DNSH» por sus siglas
en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco de dicho plan, así como a no incurrir en doble financiación y que,
en su caso, no le conste riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de

cve: BOE-A-2023-8416
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Núm. 79