BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 75

Miércoles 29 de marzo de 2023

Sec. III. Pág. 46021

de otras especialidades designados como Unidades de Referencia por la Consejería de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Toda la información recabada con este fin por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de Cantabria estará centralizada en la Dirección General de Salud
Pública desde donde será remitida, cuando proceda, al Instituto Nacional de la
Seguridad Social con el fin de que este pueda iniciar el procedimiento correspondiente
para la evaluación de la situación de incapacidad y determinación de contingencia.
A tal efecto, cuando el procedimiento se inicie de oficio por la Inspección Médica, la
Consejería de Sanidad se compromete a remitir al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, junto al informe propuesta, la información disponible que incluya el resultado de
las pruebas diagnósticas y los informes especializados contemplados en el referido
protocolo.
Cuando el procedimiento se inicie de oficio por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social o a instancia de la parte interesada, el citado Instituto recabará la información
disponible en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria, fijada
en el mencionado protocolo.
En cualquiera de los dos casos, la parte suscriptora del convenio que inste la
iniciación del procedimiento, aportará los informes médicos que acrediten el diagnóstico
de la enfermedad a ser reconocida como enfermedad profesional por exposición al
amianto.
Quinta.

Actualización bases de datos.

Ambas partes se comprometen a mantener un intercambio de información en el
siguiente sentido: la Sección de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad comunicará
las altas en el registro de trabajadores con riesgo de exposición al amianto, y el INSS
informará a dicha sección sobre las resoluciones de determinación de contingencia que
se produzcan, así como de aquellas determinaciones de personas no incluidas en el
registro y que demuestren que sí hubo exposición laboral al amianto, a fin de
incorporarlas al mismo.
Además, ambas partes se comprometen a intercambiar la información necesaria
para mantener actualizadas las bases de datos correspondientes.
Protección de datos personales.

Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones
contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, y demás normativa de aplicación en materia de protección de
datos de las personas físicas.
La Consejería de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional
decimoséptima de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se encuentra
amparada para el tratamiento de los datos a los que se refiere este convenio, por el
artículo 9.2.h) e i) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, puesto en relación con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública, que en sus artículos 32 y 33 incluye la salud laboral entre las
prestaciones de salud pública.
Del mismo modo, la Consejería de Sanidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 41 de la referida Ley 33/2011, de 4 de octubre, norma estatal de carácter básico,
no precisa obtener el consentimiento de las personas afectadas para el tratamiento de
datos relacionados con la salud cuando ello sea estrictamente necesario para la tutela de
la salud de la población y, a tales efectos, las personas públicas o privadas cederán a la
autoridad sanitaria, cuando así se las requiera, los datos personales que resulten
imprescindibles para la toma de decisiones en salud pública, entendiéndose

cve: BOE-A-2023-8039
Verificable en https://www.boe.es

Sexta.