BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73

Lunes 27 de marzo de 2023

Sec. III. Pág. 44762

atribuye el título III del Estatuto de Autonomía para Cataluña y la legislación estatal. El
Decreto 184/2022, de 10 de octubre, de denominación y determinación del ámbito de
competencia de los departamentos en los que se organiza el Gobierno y la Administración
de la Generalitat de Cataluña (DOGC núm. 8769A, de 10 de octubre de 2022) asigna al
Departamento de Justicia, Derechos y Memoria las funciones relacionadas con la
Administración de Justicia en Cataluña y su modernización. El artículo 62.2.c) del
Decreto 47/2022, de 15 de marzo, de reestructuración del Departamento de Justicia
establece que corresponde a este departamento, actualmente Departamento de Justicia,
Derechos y Memoria, a través de la Secretaría para la Administración de Justicia, entre
otras funciones, la de dirigir la gestión de los medios personales y de los recursos
materiales y económicos de la Administración de Justicia en Cataluña.
A su vez, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, creado por la
Ley 18/1990, de 15 de noviembre, tiene entre sus funciones la de organizar y supervisar, sin
perjuicio de las competencias en esta materia ejercibles por otros órganos del
Departamento de Justicia, Derechos y Memoria, en colaboración con las universidades y
otros centros docentes, las prácticas universitarias y de formación profesional en las oficinas
judiciales y en los centros y servicios del Departamento de Justicia correspondientes a los
ámbitos de la Administración de Justicia y de la ejecución penal [artículo 3.g) de la
Ley 18/1990].
Séptimo.
Uno de los fines de la Universitat Pompeu Fabra es el de la preparación académica y
profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar
cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que
completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos,
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales,
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del
conocimiento.

El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este convenio,
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma. A tal efecto, el Gobierno de

cve: BOE-A-2023-7831
Verificable en https://www.boe.es

Décimo.